Sumar exige congelar por decreto 300.000 alquileres baratos que expiran este año: «Es una barbaridad más»

Sumar sigue buscando llevar aún más al extremo la intervención en vivienda. Esta vez ha vuelto a exigir al Gobierno que apruebe un real decreto ley para prorrogar los 300.000 contratos de alquiler que vencen el próximo 31 de diciembre, con el fin de congelar sus precios y evitar que a esos inquilinos les suban la renta.

Esta no es la primera vez que lo piden. De hecho, los de Yolanda Díaz registraron hace menos de un mes un Real Decreto Ley de medidas urgentes centrado en tres ejes, en el que uno de ellos era este. De esta manera, quiere añadir tres años adicionales a los contratos –incluidos los vigentes–. En zonas tensionadas, la prórroga se ampliaría a dos años más sobre la actual, alcanzando un mínimo de diez años.

Esto está siendo discutido internamente desde octubre, con el objetivo de que los cientos de miles de contratos de alquiler que expirarían en los próximos meses, y que coinciden con los que se firmaron al inicio de la pandemia cuando los precios eran asequibles, se estabilicen. Pero desde Sumar insisten en que el Gobierno tiene que «afrontar con urgencia la prórroga y el límite de precios» de estos contratos, ya que si esos inquilinos quieren firmar un nuevo contrato los propietarios les subirán las rentas entre un 20 % y un 50 %, según los datos que han obtenido de los contratos que van venciendo.

La Ley de Arrendamiento Urbanos establece que la duración de los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados después del 6 de marzo de 2019 «será libremente pactada por las partes». Pero que, si fuera inferior a cinco años, en el caso de las personas físicas, o a siete, años en el de las jurídicas, «este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años». Además, llegada esta fecha «si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra su voluntad de no renovarlo se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más».

Existe la posibilidad de que pasados los cincos años se renueve otros tres años más, se les suscriba un nuevo contrato incrementándoles exponencialmente el precio o que no se les renueve y busquen a un nuevo inquilino. Los de Yolanda Díaz, para evitar estos dos últimos casos quieren añadir obligatoriamente tres años adicionales a los contratos, así como congelar los precios durante ese periodo. Algo que desde el PSOE dudan de su constitucionalidad, ya que se estaría entrometiendo en las competencias autonómicas.

Para algunos expertos inmobiliarios, como Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, esto «es una barbaridad más de las que estamos acostumbrados, aunque va un paso más allá de la intervención de los precios de los alquileres».

Una medida de este tipo «condenaría y cerraría el mercado de alquiler de viviendas», asegura Salcedo. «Ya es un atentado contra la seguridad jurídica, contra la libertad de contrato e individual», sentencia.