PSOE y Sumar exploran extremar la intervención en vivienda limitando la compra de casas o congelando alquileres

Más de dos años después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una normativa que el Gobierno sacó adelante con el apoyo de Unidas Podemos con el objetivo principal de promover el acceso a la vivienda, especialmente entre los colectivos más vulnerables, la crisis inmobiliaria que asola nuestro país parece no tener fin. Y es que, tal y como habían avisado los expertos, esta normativa no solo no ha mejorado el acceso a la vivienda, sino que los efectos de esta norma han agravado este problema, debilitando el alquiler residencial, provocando una destrucción de la oferta de alquiler nunca vista hasta ahora y batiendo todos los récords de precios en prácticamente todas las provincias del país.

Ahora, PSOE y Sumar estudian llevar aún más al extremo la intervención en vivienda. De hecho, los de Yolanda Díaz registraron un Real Decreto Ley de medidas urgentes centrado en tres ejes: la protección inmediata del inquilino, la especulación y la acaparación de viviendas en España, así como la restricción de pisos turísticos.

Con el primero de los bloques, los socios de gobierno buscan congelar y prorrogar los contratos de alquiler. De esta manera, quiere añadir tres años adicionales a los contratos –incluidos los vigentes–. En zonas tensionadas, la prórroga se ampliaría dos años más sobre la actual, alcanzando un mínimo de diez años.

Esto está siendo discutido internamente, tal y como adelantaba El País, con el objetivo de que los cientos de miles de contratos de alquiler que expirarían en los próximos meses, y que coinciden con los que se firmaron al inicio de la pandemia cuando los precios eran asequibles, se estabilicen.

La Ley de Arrendamiento Urbanos establece que la duración de los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados después del 6 de marzo de 2019 «será libremente pactada por las partes». Pero que, si fuera inferior a cinco años, en el caso de las personas físicas, o a siete, años en el de las jurídicas, «este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años». Además, llegada esta fecha «si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra su voluntad de no renovarlo se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más».

Existe la posibilidad de que pasados los cincos años se renueve otros tres años más, se les suscriba un nuevo contrato incrementándoles exponencialmente el precio o que no se les renueve y busquen a un nuevo inquilino. Los de Yolanda Díaz, para evitar estos dos últimos casos quieren añadir obligatoriamente tres años adicionales a los contratos, así como congelar los precios durante ese periodo. Algo que desde el PSOE dudan de su constitucionalidad, ya que se estaría entrometiendo en las competencias autonómicas.

Sin embargo, los expertos en derecho inmobiliario consultados por El Debate, consideran que para que sea legal se tendría que aprobar como un real decreto, al igual que ocurrió con los límites a los incrementos de precio. Algo que pasará ya que se ha registrado como tal.

Fuera como fuese, una medida de este tipo «condenaría y cerraría el mercado de alquiler de viviendas», asegura Salcedo. «Ya es un atentado contra la seguridad jurídica, contra la libertad de contrato e individual», condena.

Evitar la especulación

Sobre el segundo eje, Sumar propone modificar el Impuesto Temporal de las Grandes Fortunas para que los propietarios de cuatro o más viviendas tributen un 5 % anual sobre su patrimonio inmobiliario, así como una bonificación del 40 % de las rentas del alquiler en el Impuesto de Sociedades para alquileres asequibles según el índice de rentas.

Además, la nueva compra destinada a alquiler solo podrá realizarse para alquiler asequible, aplicando las limitaciones de renta de la Ley de Vivienda a grandes tenedores.

De hecho, Cataluña, como laboratorio de la Ley de Vivienda, ya está estudiando la posibilidad de prohibir las compras especulativas de vivienda, es decir, vetar las compras de inmuebles que no sean para vivir.

Sobre esta medida, los expertos dudan de su constitucionalidad, ya que «restringe la libertad individual de que cada uno pueda, dentro de la legalidad, adquirir lo que quiera», explica Salcedo.

Sin embargo, considera que podría tener muy fácil escapatoria. «Yo vivo ahora en mi casa, y mediante una declaración notarial digo que la vivienda que voy a comprar la voy a convertir en mi vivienda habitual. Así podría poner la otra en alquiler», sentencia.

Alquiler turístico

En relación al tercer eje, desde Sumar proponen que los alquileres de hasta 30 días se considerarán turísticos, para evitar fraudes de plataformas que los presentan como «temporada» y para que tributen con un IVA del 21 %, eliminando su trato fiscal favorable.

Por último, quieren elevar a rango de ley la obligación de registro de los alquileres de corta duración para reforzar el control del alquiler turístico y aprobar un régimen sancionador verdaderamente disuasorio para los pisos turísticos.