La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este martes en el Senado
La campaña de Sumar contra la ministra de Vivienda convierte el Gobierno en zona tensionada
La crisis de la vivienda está provocando un enorme desgaste al Ejecutivo de Sánchez. Lo era externo y, desde hace unos días, lo es también interno, con Isabel Rodríguez en el punto de mira
El Consejo de Ministros es hoy una zona tensionada. No en el sentido estricto que recoge la Ley de Vivienda del año 2023, pero también tiene que ver con la materia. El que Pedro Sánchez bautizó como «el quinto pilar del Estado del bienestar» sufre de aluminosis. Pasan las semanas, los meses, los años y el problema se agrava. Las viviendas prometidas -sobre todo en campaña- y no construidas, los alquileres desorbitados, las polémicas campañas propagandísticas del Ministerio de Vivienda, la reforma de la ley del suelo que el Gobierno es incapaz de aprobar en las Cortes y que mantiene paralizados proyectos urbanísticos por toda España… Y un presidente del Ejecutivo que afirma, como afirmó hace unas semanas en Alcorcón: «Nos vamos a dejar la piel en dar solución al problema de la vivienda». Haciéndose de nuevas cuando lleva más de siete años en la Moncloa.
El barómetro del CIS de octubre volvió a situar la vivienda como la principal preocupación de los españoles, siendo citada por el 37,1 % de los encuestados. Siete puntos más que un mes antes. El Gobierno insiste en descargar la responsabilidad sobre las comunidades del PP -once en total- por no aplicar la Ley de Vivienda, pero la crisis de la vivienda le está provocando un enorme desgaste. Lo era externo y, desde hace unos días, lo es también interno.
La tensión entre el PSOE y Sumar terminó por estallar este martes. Mientras los ministros de la coalición estaban reunidos en la Moncloa, con motivo del Consejo de Ministros semanal, la portavoz de Sumar en el Congreso cargó contra la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez. Hasta el punto de enseñarle la puerta de salida del Gobierno si sigue sin asumir medidas «serias, innovadoras y valientes».
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero
El arranque de Verónica Barbero provocó un enfado mayúsculo en el PSOE. Nunca antes Sumar había pedido abiertamente la dimisión de un ministro del PSOE. Ni siquiera la de Fernando Grande-Marlaska cuando en abril saltó a la luz que el Ministerio del Interior había aprovechado la nocturnidad de la Semana Santa para formalizar un contrato de compra de munición para la Guardia Civil por un valor de 6,6 millones de euros con una empresa israelí (contrato que luego rompió). Los teléfonos empezaron a echar humo y Barbero tuvo que improvisar una entrevista en La Sexta para matizar sus palabras. Allí reiteró que «se les está acabando la paciencia», pero también dijo que cuando pida la dimisión de alguien lo hará de forma clara.
A esa hora en la Moncloa, el ministro Pablo Bustinduy, también de Sumar, intentó rebajar las hostilidades. «Por encima de cualquier polémica o comentario de actualidad, creo que lo importante es dar solución al que es el principal problema de las mayorías trabajadoras», señaló. Y calificó de «normal, lógico y de sentido común» que el socio minoritario tenga una posición propia, en alusión al decreto real ley para intervenir con urgencia el mercado del alquiler que propuso Sumar la semana pasada.
Ni Bustinduy en la sala de prensa de la Moncloa ni Yolanda Díaz por la tarde en el Senado quisieron referirse a la petición de dimisión de la ministra Rodríguez. «El principal problema que tiene España en estos momentos se llama vivienda, es un problema transversal, afecta a todas las familias españolas. Y esperamos una negociación con el PSOE por el bien del país. Lo que queremos es avanzar en políticas públicas», sostuvo la vicepresidenta segunda. Desde el ala socialista del Gobierno defendieron a su ministra de Vivienda: «Ni lo compartimos ni está justificado».
La mecha que prendió
El detonante se produjo el lunes de la semana pasada. Ese día, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se reunió con el resto de los ministros de Sumar (menos con Sira Rego, que estaba de viaje) y juntos presentaron una propuesta de real decreto ley para intervenir con urgencia el mercado del alquiler, tanto el residencial como el de temporada. Para, entre otras acciones, congelar los precios.
La vicepresidenta segunda explicó que quería discutir con Sánchez esas medidas. La ministra Isabel Rodríguez las recibió con frialdad. Se limitó a decir que bienvenidas eran todas las ideas y que las estudiaría. El pasado miércoles, en el Congreso, Rodríguez presentó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y Sumar le devolvió la frialdad. «Ministra, el plan que hoy se nos presenta tiene algunos avances interesantes, pero es insuficiente, en el sentido de que para nosotros carece de la audacia y de la urgencia que el momento necesita», señaló el diputado Gerardo Pisarello.
Los polvos de la semana pasada trajeron los lodos de ésta. La vivienda está minando la imagen del Gobierno entre el electorado de izquierdas y ambos socios de la coalición lo saben. Este jueves, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE debatirán en el Consejo Europeo de Bruselas sobre el problema de la vivienda por primera vez, a propuesta del presidente español. Hasta ahora, Sánchez ha eludido su responsabilidad culpando a las comunidades del PP de no aplicar su Ley de Vivienda. Ahora también se dirigirá a las instituciones europeas para pedir más financiación y más regulación, según fuentes gubernamentales.
