Misma carga, distinto esfuerzo: por qué la fiscalidad española aprieta más que en el resto de Europa

Imagine a dos personas cargando con la misma mochila. Una camina en llano, mientras que la otra sube una cuesta. Ambos soportan el mismo peso, pero el esfuerzo que deben realizar es distinto. Esa es la situación que viven los contribuyentes en España. Un español y un alemán pueden dedicar el mismo porcentaje de su renta a pagar impuestos, pero mientras el alemán dispone de más capacidad económica para sostener ese pago, el español llega con menos margen. La mochila es la misma; la pendiente, no.

Esta comparativa permite explicar de manera sencilla lo que los economistas denominan sacrificio fiscal, un indicador que ajusta la presión impositiva a la renta disponible de la población. El Gobierno, sin embargo, suele acogerse a la presión fiscal, que mide la recaudación total sobre el PIB, para justificar el aumento impositivo. Bajo este indicador, España se sitúa en una posición intermedia respecto al resto de la Unión Europea, con una tasa comparable a países como Alemania, Austria o Países Bajos.

«La presión fiscal es un indicador muy imperfecto. No informa de cómo se distribuyen los impuestos ni de la capacidad económica de los contribuyentes», explica José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y uno de los mayores expertos en fiscalidad de nuestro país. Dos países pueden recaudar un porcentaje similar de su PIB, pero si uno de ellos tiene una renta media sensiblemente más baja, el esfuerzo para sostener ese nivel recaudatorio será mayor. La cifra global refleja el volumen recaudado, no su impacto real sobre los hogares. Para conocer ese peso efectivo es necesario ajustar la recaudación a la renta disponible.

Ese ajuste cambia la perspectiva. La presión fiscal mide cuánto recauda un país en relación con lo que produce, pero no indica con qué renta cuentan los ciudadanos para asumirlo. Si los ingresos medios son elevados, el mismo porcentaje se soporta con menor esfuerzo; cuando la renta disponible es menor, el impacto fiscal es más intenso, incluso aunque la presión fiscal sea similar.

Este ajuste permite estimar el esfuerzo efectivo que supone el sistema impositivo para los contribuyentes. Y es en ese indicador donde la posición de España se transforma. Según los análisis de Sanz, España ocupa un lugar intermedio cuando se observa únicamente la presión fiscal -similar a Austria, Países Bajos o Alemania-. Sin embargo, al introducir la renta disponible en la ecuación, nuestro país asciende a los primeros puestos en esfuerzo fiscal dentro de la UE. Es decir, no pagamos más impuestos en términos nominales, pero los pagamos con menos renta, lo que eleva el peso real de la carga tributaria sobre los hogares.

Esta diferencia se manifiesta en las nóminas, en la capacidad de ahorro o en el margen para afrontar un gasto imprevisto. Dos trabajadores pueden tributar un porcentaje similar de su salario, pero si uno de ellos dispone de menos renta neta tras impuestos, su margen económico será menor. Por eso, la retórica del Gobierno suele centrarse en la presión fiscal, ya que es un indicador fácil de comunicar y sugiere normalidad comparativa. El sacrificio fiscal, en cambio, exige evaluar la capacidad económica real, y al hacerlo, la fotografía cambia. Como comenta Sanz, «no basta con comparar niveles de presión fiscal, hay que comparar también las capacidades económicas de la población».

Impuesto oculto

El incremento de precios también ha tenido un efecto sobre la recaudación del IRPF. En un impuesto progresivo como este, cuando los salarios se actualizan para compensar parcialmente la inflación pero los tramos de la tarifa no se ajustan, los contribuyentes pueden pasar a tipos impositivos superiores sin haber incrementado realmente su poder adquisitivo. Es decir, pagan más impuestos por tener la misma capacidad económica real.

«España tiene un IRPF especialmente sensible a la inflación», explica Sanz. «Si no se ajustan los tramos, la inflación genera incrementos significativos de la factura fiscal». La ausencia de deflactación incrementa la recaudación y altera la distribución del esfuerzo. «La inacción lleva consigo un incremento impositivo en términos de tipo medio real», señala Sanz, «lo que implica que se paga más sin que haya mediado aprobación parlamentaria ni modificación normativa». En la práctica, se trata de una subida de impuestos oculta.

Tramos del IRPF

España es uno de los países europeos con mayor número de tramos en el impuesto sobre la renta, con algunas comunidades autónomas superando la docena de niveles para reforzar la progresividad. Sin embargo, cambiar los tipos aplicados en los tramos superiores -los que afectan a las rentas más altas- apenas altera la recaudación total. «Modificar el tipo marginal del último tramo del IRPF aporta próximo a cero en términos recaudatorios», señala Sanz. El motivo es que hay muy pocos contribuyentes en esos niveles y, por tanto, el impacto sobre el conjunto del impuesto es limitado.

El primer tramo es el que realmente importa desde el punto de vista recaudatorio, ya que por él pasan todos los contribuyentes. Cualquier modificación en ese escalón afecta tanto a quienes solo tributan en el primer tramo como a quienes alcanzan los siguientes. Subir los tramos altos funciona bien a nivel electoral, pero tiene un impacto fiscal reducido. Ajustar los tramos inferiores, en cambio, influye directamente en cuánto paga la mayoría de la población y en cómo se distribuye el esfuerzo dentro del sistema.

Diseño del sistema

El diseño del sistema fiscal no es uniforme entre países, ya que depende de sus prioridades económicas. Algunos modelos ponen el acento en la redistribución mediante impuestos directos y tipos progresivos, mientras que otros buscan favorecer la inversión y el crecimiento simplificando la estructura impositiva y apoyándose más en figuras indirectas.

Países como Estonia o Lituania aplican tipos más homogéneos sobre la renta y dan mayor peso a impuestos indirectos, lo que los hace menos sensibles a la inflación y genera menos distorsiones sobre las decisiones económicas. En otros casos, como Irlanda, se prioriza atraer actividad empresarial, lo que ha llevado a una fiscalidad orientada al crecimiento y la creación de empleo.

Esta comparativa no apunta necesariamente a una reducción o un aumento de impuestos, sino a la necesidad de evaluar el efecto que cada diseño tiene sobre el esfuerzo fiscal, la estabilidad de los ingresos públicos y la percepción ciudadana sobre la equidad del sistema. «Lo importante no es cuánto se recauda, sino cómo se reparte la carga en función de la capacidad económica real de los contribuyentes», concluye Sanz.