Bélgica pone coto al paro de por vida en un aviso para el sistema español

Durante décadas, Bélgica ha sido una rareza en Europa. Mientras la mayoría de países limitan en el tiempo las prestaciones por desempleo, Bruselas permitía cobrarlas de manera indefinida. Ahora el Gobierno ha decidido poner coto al modelo y limitar la prestación contributiva a un máximo de dos años para evitar el «derrumbe» del estado del bienestar.

En un país donde seis de cada diez desempleados son de origen extranjero y que concentra el mayor número de enfermos de larga duración de la Unión Europea, el debate sobre las prestaciones indefinidas llevaba tiempo en el aire.

Y no es para menos. Bélgica presenta una tasa de paro relativamente baja –del 5,9 %, en línea con la media comunitaria–, pero una de las mayores proporciones de desempleo de larga duración del bloque. El 43,3 % de quienes buscan trabajo llevan más de un año en esa situación, solo por detrás de Eslovaquia (65,1 %), Bulgaria (61,9 %), Italia (54,8 %) y Grecia (49 %). Ni siquiera España –líder europeo en desempleo– alcanza semejante peso de paro crónico.

Ese desfase –poco paro total, pero muy persistente– es el que el Gobierno ha decidido atajar de raíz para evitar el colapso. El primer ministro, Bart De Wever, lo resumió de manera lacónica en un reciente acto en Gante frente a una multitud de universitarios: «Sin cambios en las políticas, el estado de bienestar se derrumbará; no durante mi vida, sino durante la vuestra».

Así, miles de parados han comenzado a recibir cartas de la Oficina Nacional de Empleo (ONEM) advirtiendo de que su prestación tiene fecha de caducidad. Las notificaciones han llegado en oleadas ordenadas según la antigüedad en situación de desempleo y el tramo de compensación. Los primeros en ser advertidos fueron quienes enlazan décadas sin trabajo y los beneficiarios del subsidio de integración. A partir de ahí, se dirigirá a colectivos con menor historial de desempleo, hasta que el calendario de supresión abarque progresivamente a todos los que aún dependen del subsidio indefinido.

El mecanismo es sencillo. Cada carta incluye la fecha en la que el derecho se extinguirá, sin necesidad de que el beneficiario realice trámite alguno. Quien se reincorpore al empleo durante el periodo transitorio y solicite la prestación de nuevo recibirá su aviso a través del sindicato o del CAPAC –equivalente a la Seguridad Social en la gestión del desempleo–, y quienes se mantengan inactivos entrarán directamente en el ciclo de notificaciones secuenciadas por la ONEM. La transición durará dos años, hasta julio de 2027, momento en que el viejo sistema quedará definitivamente finiquitado.

Los perceptores que agoten el subsidio podrán recurrir a la asistencia social, de cuantía menor y más condicionada, lo que ha abierto el conflicto político. Mientras que para el Gobierno el nuevo marco ofrece un sistema de incentivos al empleo, para la oposición se trata de un «baño de sangre social».

Pero más allá de las cartas, este cambio de rumbo ilustra el agotamiento de un modelo al que se dirigen otros países como España. Entre septiembre de 2018 y septiembre de 2025, el número de desempleados registrados en nuestro país cayó un 24 %. Sin embargo, el gasto en prestaciones aumentó en torno al 40 % en ese mismo periodo. Eliminando el evidente efecto de la inflación, la diferencia muestra que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido particularmente generoso en el reparto de prestaciones y subsidios. La pregunta, por tanto, no es si el sistema es sostenible, sino cuánto será capaz de resistir antes de seguir el ejemplo belga.