La OCDE calcula que el gasto en pensiones en España alcanzará el 17,3 % del PIB en 2050

Este mismo miércoles, la OCDE alertaba del riesgo de «colapso» del sistema de prestaciones en nuestro país por el envejecimiento de la población. Apenas un día después, este organismo calcula que, de mantener la tendencia actual, el gasto en pensiones alcanzará el 17,3 % del PIB en 2050.

El informe publicado hoy sobre las pensiones es todavía más duro y señala que, dentro de 20 años, nuestro país será el que mayor esfuerzo dedique en relación al PIB para pagar las pensiones, superando incluso a Italia y Portugal. La estimación del 17,3 % en 2050 implica un incremento de 3,7 puntos respecto al 13,6 % del PIB registrado en 2023-2024.

Según el organismo, la principal causa de este aumento sin precedentes en el gasto es el rápido deterioro demográfico de España. El país es uno de los miembros de la OCDE cuya población en edad de trabajar está proyectada a disminuir más del 30 % en las próximas cuatro décadas, una de las mayores caídas observadas. Como consecuencia de este cambio, la ratio de dependencia demográfica de la vejez –personas de 65 años o más por cada 100 en edad de trabajar– alcanzará el 76,2 % en 2054 en España, un nivel comparable al de Corea (84,5 %), Japón (80 %) e Italia (76,6 %).

Paradójicamente –y a pesar de los problemas para garantizar la sostenibilidad–, el sistema español promete una de las prestaciones más elevadas de la OCDE. Para un trabajador con salario medio y carrera completa, la tasa neta de reemplazo futura asciende al 86,3 %, un valor que se encuentra entre los más altos de los países miembros.

Esta generosidad choca con la vulnerabilidad en el cálculo de las pensiones. España todavía utiliza un período de referencia comparativamente corto para calcular la base reguladora, teniendo en cuenta los mejores 27 años de los últimos 29 años inmediatamente anteriores a la jubilación. Además, es uno de los países que solo revalúa las ganancias pasadas con base en la inflación de precios, y no en función del crecimiento salarial promedio. Esto hace que las finanzas del sistema sean más sensibles al crecimiento real de los salarios a largo plazo.

España mantiene un periodo de referencia relativamente corto para calcular la base reguladora –tiene en cuenta los mejores 27 de los últimos 29 años antes de la jubilación– y revaloriza las bases pasadas solo con inflación, no con el crecimiento salarial medio. Esto hace que el sistema sea más sensible a la evolución real de los salarios a largo plazo.

Incentivos flexibles

La OCDE destaca positivamente las recientes reformas para dar más flexibilidad al sistema, como es el incentivo del 4 % por cada año que el trabajador retrase la jubilación. Además, la jubilación parcial permite ahora una reducción del tiempo de trabajo de entre el 25 % y el 75 % a partir de la edad normal de jubilación. El Gobierno también desarrolló un procedimiento estandarizado para determinar la dureza o peligrosidad de las ocupaciones, basándose en estadísticas de accidentes laborales y bajas por enfermedad, con el fin de establecer derechos de jubilación anticipada.

No obstante, el informe también resalta que España es el único país de la OCDE que exige que el cobro de la pensión se aplace al menos un año después de la edad normal de jubilación para que el pensionista pueda combinar el trabajo con la pensión (jubilación activa). Esta condición, señala el organismo, supone un freno a la hora de mantener a los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral después de cumplir la edad legal.