La OCDE alerta de riesgo de colapso si España no reforma las pensiones

Solo un día después de que la Comisión Europea diera un tirón de orejas al Gobierno por el desvío de gasto público, la OCDE ha mostrado su preocupación por las finanzas de nuestro país. En su último Estudio Económico, el organismo internacional advierte de que, pese al «crecimiento robusto y resistente» de la economía, la situación fiscal de España sigue siendo delicada y requiere una acción más decidida para reducir la deuda y atajar el déficit estructural. La institución alerta de que, si no se corrigen los desequilibrios a tiempo, existe un riesgo de «colapso» futuro en el sistema de prestaciones públicas, condicionado por el envejecimiento de la población.

La OCDE recuerda que la deuda pública continúa en niveles «elevados» y que, aunque el déficit nominal bajó al 3,2 % del PIB en 2024, el estructural permanece estabilizado cerca del 3 %. Ese desequilibrio de fondo, señala, apenas ha mejorado en los últimos años, lo que limita la capacidad del país para responder a crisis económicas futuras. Por ello, insta a acelerar el ritmo de consolidación fiscal para «reconstruir reservas» y fortalecer la resiliencia ante posibles shocks.

El mayor foco de tensión se encuentra en el gasto en pensiones. Según los cálculos de la organización, este desembolso aumentará 3,2 puntos de PIB entre 2023 y 2050, empujado por la jubilación de las generaciones más numerosas y por el incremento de la esperanza de vida. Si se suman otros costes asociados al envejecimiento –entre ellos la atención sanitaria y los cuidados de larga duración– el incremento total será de 5,2 puntos de PIB en el mismo periodo.

En este contexto, la OCDE critica que la indexación de las pensiones al IPC eleva el gasto sin incorporar un mecanismo de ajuste automático por longevidad. La eliminación del «factor de sostenibilidad» en 2021, recuerda, pospuso el ajuste que preveía la reforma anterior. Plantea, en consecuencia, «considerar un mecanismo vinculado a la esperanza de vida» o «extender el periodo de cómputo de la pensión» para mejorar la sostenibilidad del sistema.

El informe dedica un capítulo específico al gasto público y a su eficiencia. La OCDE cuestiona que el plan fiscal a medio plazo –con el que el Gobierno aspira a reducir el déficit hasta el 0,8 % del PIB en 2031– incluya un nivel escaso de desarrollo técnico para justificar cómo se alcanzarán esos objetivos. Advierte de que este marco tiene una «utilidad limitada» en su formulación actual y que la credibilidad presupuestaria requiere mayor concreción, tanto en medidas de ingreso como en revisiones de gasto. Por ello, sugiere reforzar el marco fiscal y priorizar el gasto orientado al crecimiento económico.

Según el organismo, España mantiene un gasto público muy concentrado en transferencias corrientes –especialmente pensiones y prestaciones por desempleo– mientras que la inversión pública en educación, servicios y asuntos económicos se sitúa por debajo de la media de la UE y de la propia OCDE. En este sentido, considera «modesto» el compromiso gubernamental de reducir el gasto permanente en un 0,1 % del PIB anual hasta 2028. A su juicio, sería necesario un esfuerzo mayor para equilibrar las cuentas públicas, garantizar la sostenibilidad de las prestaciones y generar margen para reforzar áreas clave para el crecimiento futuro.

Vivienda y control del alquiler

Además, la OCDE aborda el mercado de vivienda español y advierte de que su regulación está estrangulando la oferta disponible. Identifica «persistentes cuellos de botella» derivados de la escasez de suelo urbanizable y de los tiempos administrativos, que pueden prolongarse hasta dos años debido a la complejidad de permisos entre administraciones municipales, regionales y nacionales. Como resultado, estima que existe un déficit de 600.000 viviendas.

La organización sostiene que los límites regulatorios al alquiler han reducido la oferta disponible, ya que parte de los propietarios optaron por retirar sus viviendas del mercado o destinarlas al alquiler turístico de corta estancia. Subraya que estas medidas solo tendrán impacto si se acompasan con un aumento de la oferta. Para ello, plantea liberar suelo mediante procedimientos más ágiles, con simplificación normativa y herramientas de digitalización que aceleren licencias y proyectos urbanísticos. La institución defiende que esta liberalización aportaría certidumbre jurídica, mejoraría la previsibilidad en la planificación urbanística y facilitaría la entrada de inversión privada.