El Gobierno presume de compromisos, pero el dinero no fluye: ¿Cuál es la verdad de los fondos europeos?

Unas voces sostienen que España avanza con paso firme en la materialización de los fondos europeos; otras alertan de que el ritmo real está muy por debajo del anunciado. Y ninguna falta a la verdad. Cada interpretación se apoya en un indicador distinto, el que mejor encaja con el relato que se quiere sostener. La política suele decir más que hacer y será el tiempo el que determine quién hablaba desde la comodidad de la victoria y quién desde el interés en que el plan pareciera fallido.

Porque el dinero está comprometido, sí, pero no fluye. Este es el verdadero problema: los fondos no terminan de convertirse en programas reales. De ahí la brecha creciente entre el discurso oficial y la experiencia de empresas y ayuntamientos, atrapados en requisitos técnicos y procedimientos que ralentizan cualquier intento de aprovechar la oportunidad europea.

A menos de nueve meses de que expire el plazo para desplegar las ayudas, el Ejecutivo está negociando con Bruselas una nueva adenda al Plan de Recuperación, a fin de ajustar importes y prioridades. En esa revisión, el Gobierno ha comunicado su intención de renunciar alrededor del 75 % de los créditos asignados (más de 83.000 millones), lo que equivale a rechazar cerca de cuatro de cada diez euros de los recursos que la UE había puesto a disposición nacional.

«Solo un tercio del total presupuestado ha llegado a la economía real», asegura Francisco Joaquín Cortés, profesor del Máster en Dirección y Gestión de Finanzas de la UAX

La lógica detrás de esta decisión podría responder a una capacidad de gestión limitada –cuesta mucho diseñar, adjudicar y ejecutar planes que justifiquen tantos préstamos en tan poco tiempo, con el horizonte de 2026–, al temor a incrementar aún más la deuda pública –aunque baratos, los préstamos hay que devolverlos; en concreto, los Z y próximas generaciones a través del presupuesto europeo– o, sencillamente, a una falta de iniciativas sólidas, maduras y económicamente rentables. Sin embargo, los de Sánchez se han adelantado a cualquier especulación y sostienen que lo razonable es no solicitar la mayor parte del capital previsto dada la buena marcha de la economía y el hecho de que, actualmente, estos créditos son más caros que financiarse emitiendo deuda española. En la práctica (y aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid), también evitan el riesgo de no ser capaz de canalizarlos a tiempo, neutralizando cualquier potencial munición de la oposición.

El Ministerio de Economía presume de los 58.700 millones de euros ya adjudicados, pero eso no significa que el capital haya llegado a su destinatario final. Entender dónde se esconde la trampa exige distinguir tres conceptos: créditos presupuestados, obligaciones reconocidas (es decir, cuando existe un compromiso formal de pago) y pagos realizados. «Solo un tercio del total presupuestado ha llegado a la economía real», asegura Francisco Joaquín Cortés, profesor del Máster en Dirección y Gestión de Finanzas de la UAX, quien comenta que el nivel de ejecución ha ido disminuyendo año a año. En concreto, tal y como denunciaba el Grupo Popular en el Senado a principios de noviembre, 15 de los 22 ministerios del Gobierno de España no alcanzan ni el 10 % de uso efectivo en 2025.

En paralelo al desembolso, la calidad del gasto también influye en el poder transformador y estructural de las subvenciones y los préstamos. Cortés subraya que una cuarta parte se habrían destinado a gasto corriente y no solo a inversión. «España ha sido muy proactiva en materia de compromisos formales y ha cumplido la mayoría de los hitos pactados con Bruselas». No obstante, este esfuerzo no se ha traducido en dinero contante y sonante en proyectos sobre el terreno. Es decir, el contenido de marketing ha circulado mucho mejor que el propio dinero.

Falta de ejecución por trabas burocráticas

Relanzar la economía en clave de transición ecológica y transformación digital fue el objetivo que dio vida a los fondos en pleno contexto de contracción económica. El resultado no va a tener la magnitud que cabría esperar, pero algunos sectores tendrán algo más de margen para defender el trabajo realizado. Los que mejor están absorbiendo el dinero –fundamentalmente, tecnología y digitalización– son los que menos trabas administrativas soportan y donde la ejecución puede escalar deprisa. El dinero ha encontrado carriles relativamente despejados allí donde la Administración ya tenía estructuras consolidadas y experiencia con proyectos europeos, «como la movilidad sostenible, la modernización administrativa o el refuerzo del sistema de ciencia», concreta Cortés.

La rehabilitación residencial apenas ha desplegado un 42 % de los fondos recibidos desde Europa

En contraposición, la agilidad no ha sido la característica de las actuaciones intensivas en permisos y obra física. La rehabilitación de vivienda depende de comunidades de propietarios, licencias municipales y pequeñas empresas de construcción; cada expediente exige acuerdos, trámites y documentos que ralentizan la puesta en marcha. Algo similar ocurre con muchas inversiones en renovables y recursos hídricos, que chocan con cadenas largas de permisos ambientales, urbanísticos y sectoriales.

Así, nos encontramos el programa Kit Digital que, dotado con 3.067 millones de euros, ha concedido ya en torno al 80 % del objetivo acordado con Europa hasta finales de 2024. Mientras, la rehabilitación residencial apenas ha desplegado cerca del 42%, según un análisis reciente de CaixaBank Research sobre la capacidad transformadora del NGEU.

La confusión interesada entre éxito o fracaso se alimenta también de la posición de nuestro país con respecto al resto de miembros. La foto que encuadra Bruselas sitúa a España entre los grandes: su Plan de Recuperación es el segundo mayor de la Unión (163.000 millones de euros de 2021 a 2026) y, según cálculos del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, concentra casi el 10% de todas las ayudas a fondo perdido del mecanismo. La Comisión ha liberado ya cerca de 48.000 millones. En volumen absoluto, nos encontramos entre los Estados que más dinero han cobrado; en proporción sobre su propio plan, sin embargo, apenas supone en torno al 30 %, considerablemente por debajo de la media europea (48 %).

En términos de gasto efectivo, España deja de figurar entre los más adelantados y se sitúa en un pelotón intermedio: ha recibido mucho y ha comprometido gran parte del presupuesto, pero la traducción a pagos reales avanza más lenta que en otros países que han sido más ágiles a la hora de convertir sus asignaciones en obra ejecutada, iniciativas en marcha y facturas pagadas.

El catedrático destaca a Alemania y Francia; por un lado, «la gestión alemana de las ayudas ha sido más rápida gracias a sistemas bien establecidos de adjudicación y un marco administrativo flexible»; por otro, los franceses han implementado medidas para simplificar los procesos de solicitud y asegurar la participación de una mayor variedad de programas”, explica. En contraste, España todavía ha de enfrentarse a desafíos burocráticos que dificultan llegar en tiempo y forma.

Ver pasar el tren de la ayuda europea sin subirse implica aceptar menos crecimiento, menos empleo y conformarnos con el país que somos y la productividad que tenemos. ¿Estamos ante una ocasión ya perdida o será el Gobierno ese estudiante aventajado que no abre el libro hasta la víspera del examen y, aun así, consigue nota?