Cuando la corrupción golpea a las empresas españolas

No son una isla, por eso no debe sorprender que algunas empresas españolas se estén viendo salpicadas por la corrupción política que cada día conocemos. Me refiero a empresas privadas, claro está, pues en las empresas públicas, desde que hemos conocido la detención del ex presidente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ya no nos extraña nada.

La Sepi, ahora que empiezan a conocerse mejor todas sus maniobras e inversiones, es una especia de holding a través del cual el Estado invierte en las empresas privadas, supuestamente para apoyar sus inversiones estratégicas, y siempre buscando la rentabilidad y el interés público. Casi nada. Por eso sorprende tanto que María Jesús Montero se atreva a decir ahora que apenas conoce a Víctor Fernández, el encarcelado expresidente que vino con ella de Andalucía, y siempre apoyó cuando tuvo problemas. Pero no nos distraigamos con la basura diaria.

El caso es que son ya muchas las empresas que se están viendo afectadas. Y no porque hayan participado en los turbios negocios de una trama de políticos del PSOE sino porque en los concursos en que participaban siempre resultaban perdedoras frente a otras utes más amigas y cercanas al poder.

Esta semana comía con un empresario del ladrillo. Muchos años en el negocio. Se las sabe casi todas. Me decía que siempre pensó que llegaría un día en que las comisiones y mordidas saldrían a la luz. Y no porque esta forma de funcionar de algunas empresas con las administraciones ya no podría taparse, sino porque han creado, al menos en su sector, todo un modus operandi que ha pringado todo el negocio durante décadas y que ya no se puede tapar más.

Cuando le pregunté si tenía remedio, desarrolló dos argumentos. «Primero salir fuera»: me explicó que los concursos en el extranjero suelen ser más limpios y que se controlan y vigilan por muchos más organismos de control de los que carecemos en España. «Nunca por políticos. La tentación es demasiado grande. Y cuanto más dinero hay en una inversión, más control». Pero el segundo no me lo esperaba.

«Sin embargo lo más importante no es eso. Hace falta una nueva revolución ética en la clase empresarial. Y no me refiero a la responsabilidad social corporativa, a los protocolos antiacoso, al diálogo con los sindicatos, y representantes de los trabajadores. Eso está muy bien, pero hace falta algo más: que el empresario y sus órganos de gobierno recuperen la ética empresarial. Que pongan por delante de los beneficios a las personas y que eso marque sus decisiones».

Cuando le dije que la Harvard University y algunas escuelas de negocios en España llevaban con ese pedal muchos años me dijo que era verdad, pero que no habrá un cambio real hasta que cada empresa, por pequeña que sea, invierta en esa formación de sus trabajadores. «Está mal que al presidente de una empresa se le cese en Moncloa –se refería al de Telefónica– por muy participada que esté por la Sepi. Pero tampoco puede ser que al presidente cesado de un partido –se refería a Andoni Ortúzar del PNV– se le nombre consejero con un sueldazo mientras la empresa está inmersa en un ERE en el que cinco o 6.000 trabajadores se van a la calle. Y eso por muy privada que sea la empresa. Los accionistas debemos exigir más. Y los trabajadores también. Y no solo mejoras salariales o de formación, sino de todo tipo. El problema ya no es la corrupción de fuera, sino cómo toda esa basura nos está afectando».

Las irregularidades del rescate de Plus Ultra han reabierto un caso que huele cada vez peor

Pensaba en ello cuando me enteré el jueves de la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y de su consejero delegado Roberto Rosselli. Ha sido por una investigación de la Policía Nacional por presunto blanqueo de capitales. La aerolínea recibió 53 millones en 2021 como otras líneas aéreas; pero las irregularidades de aquel rescate –el segundo después del de Air Europa– denunciadas por PP y Vox, y el uso que la empresa hizo del dinero, han reabierto un caso –archivado en 2023– que huele cada vez peor. Tan mal que en 2024 la Fiscalía Anticorrupción denunció en la Audiencia Nacional que el dinero del rescate se había utilizado en realidad para devolver préstamos en el exterior de una supuesta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Y aunque la causa sigue abierta, parece que los tiros pueden ir por ahí. Si a eso añadimos que, en la entrevista que concedió a varios medios, José Luis Ábalos, reconoció que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero le pidió que intercediera en el rescate de Plus Ultra cuando era ministro, la cosa se complica y huele aún peor.

Y es que, como decía al principio, la vida de las empresas es un fiel reflejo de la sociedad. Esta semana el Congreso ha vuelto a rechazar la senda fiscal, lo que nos aboca a seguir, un año más, sin Presupuestos. Ni siquiera la promesa del Gobierno de una mayor capacidad de gasto para las comunidades autónomas ha servido para mover los votos parlamentarios. Pero este rechazo al techo de gasto implicará necesariamente unas Cuentas más austeras, que reducirán en 5.500 millones el gasto de las regiones. Y no me parece mal. Todas las familias se están apretando el cinturón estas Navidades y el Gobierno debe hacer lo propio, aunque eso le cueste apoyos en el Congreso. Todo ello, y la ausencia de negociación entre los partidos, dibuja un panorama más que complicado de cara al futuro. Y eso también afectará a las empresas y a los ciudadanos.

Mientras tanto, Renfe presiona a CAF, Alstom y Stadler por los sobrecostes de los trenes que deben entregar el año próximo. Me dicen, me cuentan, que de fondo el Gobierno ha agitado la amenaza de comprar trenes a China. Zapatero otra vez por medio alegrándonos la vida. Juntar a Óscar Puente con el expresidente puede ser una tormenta perfecta, pero CAF, la empresa de Amorebieta, no creo que acepte lo de los trenes chinos. Además, el PNV ya tiene en Madrid a su antiguo jefe, Andoni Ortúzar para avisar al Gobierno. Todo muy profesional. Un sobresalto diario. Y la ética… al cajón.