Países Bajos pone fin a la pensión garantizada y marca el camino en Europa

Desde e 1 de enero de 2026, el sistema de pensiones de Países Bajos ha empezado a funcionar con unas reglas muy distintas a las actuales. El país ha comenzado a abandonar progresivamente un modelo que garantizaba una prestación futura para pasar a otro en el que la pensión final dependerá de las aportaciones realizadas y de cómo se comporten los mercados financieros. Se trata de un cambio de filosofía que afecta al mayor sistema de pensiones ocupacionales de la Unión Europea y que empieza a tener efectos más allá del ámbito social.

La reforma tiene su origen en la Ley del Futuro de las Pensiones, aprobada en 2023, que dio un amplio margen temporal para preparar la transición. Según explica De Nederlandsche Bank, el banco central neerlandés, el objetivo es adaptar el sistema a un entorno económico y laboral muy distinto al que dio forma al modelo tradicional: tipos de interés muy bajos durante años, una población cada vez más envejecida y trayectorias profesionales más fragmentadas, con trabajadores que cambian de empleo con mayor frecuencia. En ese contexto, mantener la rigidez del sistema se había vuelto cada vez más difícil y generaba tensiones generacionales.

En el nuevo sistema, los fondos de pensiones ya no se comprometen a pagar una cantidad concreta en el momento de la jubilación. Cada trabajador acumula derechos a través de un esquema de contribuciones, que se invierten en los mercados financieros. El resultado es una cuenta personal que puede aumentar cuando la economía acompaña, pero también reducirse en periodos adversos. Para limitar los riesgos, la ley establece que, cuanto más cerca esté una persona de la jubilación, menor será el riesgo que asuma su ahorro. Los jóvenes, con más tiempo para recuperarse de eventuales pérdidas, podrán estar expuestos a inversiones más volátiles, mientras que los mayores se ceñirán a carteras más conservadoras. Además, los fondos podrán crear mecanismos de solidaridad colectiva para amortiguar oscilaciones extremas.

Aunque la ley está vigente desde 2023, los empleadores y los fondos tienen hasta 2028 para completar la transición. Antes de hacerlo, deben acordar el tipo de contrato de pensiones, adaptar sus sistemas de cálculo y repartir el capital acumulado entre generaciones, un proceso conocido como «conversión». Durante este periodo, el supervisor evalúa que el reparto sea equilibrado y que los intereses de todos los partícipes estén debidamente protegidos. La complejidad del proceso explica que algunos fondos hayan retrasado sus planes iniciales.

El verdadero punto de inflexión llega a partir de este año, cuando los primeros grandes fondos -que gestionan cientos de miles de millones de euros- empezarán a operar bajo las nuevas reglas. A partir de ese momento, no solo cambiará la forma en que los ciudadanos neerlandeses entienden su jubilación, sino también el comportamiento de uno de los mayores inversores institucionales de Europa. De acuerdo con estimaciones recogidas por Reuters, el sistema neerlandés gestiona cerca de dos billones de euros, una cifra que da idea de su peso en los mercados financieros.

El cambio de modelo implica que los fondos ya no necesitarán tantas inversiones diseñadas para cubrir promesas muy lejanas en el tiempo. En la práctica, esto se traduce en una reducción de la demanda de bonos soberanos a muy largo plazo y de derivados utilizados para protegerse frente a movimientos de los tipos de interés. Un análisis de ING señala que solo en 2026 podrían reajustarse activos por valor de más de 550.000 millones de euros, con un impacto especialmente visible en los vencimientos más largos de la renta fija. Para los plazos más cortos, el efecto podría ser incluso el contrario, ya que los fondos ajustarán sus carteras en función de la edad de sus partícipes.

Los fondos disponen de hasta doce meses para adaptar sus carteras una vez realizada la conversión. Sin embargo, los analistas advierten de que la expectativa de estos movimientos ya está influyendo en los mercados y podría generar episodios de volatilidad, especialmente en momentos de baja liquidez.

Necesidades de financiación

El alcance de la reforma va más allá de Países Bajos. En un momento en el que los Estados europeos afrontan mayores necesidades de financiación por el aumento del gasto público, la transición neerlandesa elimina a uno de los compradores más estables de deuda a muy largo plazo. Algunos gobiernos ya están ajustando sus estrategias de emisión, mientras que otros países, percibidos como más arriesgados, podrían beneficiarse de un cambio en las preferencias de inversión de los fondos.

La reforma de las pensiones neerlandesas marca el fin de una excepción histórica en Europa y anticipa un escenario en el que el riesgo se reparte de otra forma entre ciudadanos, instituciones y mercados. Sus efectos no se verán de un día para otro, pero el proceso que arranca en 2026 apunta a cambios duraderos en la arquitectura financiera europea.