Estas personas pueden solicitar el IMV aunque vivan con sus padres, según la Seguridad Social

Una de las barreras más 'fuertes' para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) es el concepto de «unidad de convivencia». La norma general dicta que, si el solicitante reside en el mismo domicilio que sus padres, se deben sumar los ingresos de todos los miembros de la casa para determinar si se tiene derecho a la ayuda.

Esto provoca que miles de jóvenes o adultos desempleados queden excluidos automáticamente si sus progenitores tienen una pensión o un sueldo, aunque este sea modesto. Sin embargo, la Seguridad Social mantiene activa una «puerta de atrás» legal diseñada para proteger a colectivos en situaciones de especial vulnerabilidad, permitiéndoles solicitar el IMV como si vivieran solos, ignorando por completo la renta de los padres con los que conviven.

Los beneficiarios de esta excepción son principalmente tres grupos que el Estado considera que necesitan autonomía económica urgente para reconstruir sus vidas, independientemente de que hayan tenido que buscar refugio bajo el techo familiar.

El primer y más importante colectivo es el de las mujeres víctimas de violencia de género. En estos casos, la administración entiende que el regreso a la casa paterna es una medida de protección y no una situación de dependencia económica ordinaria, por lo que se les permite constituir una unidad de convivencia independiente.

El mismo criterio se aplica a las víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como a aquellas personas que hayan iniciado trámites de separación o divorcio y que, debido a la ruptura, se hayan visto obligadas a volver temporalmente al domicilio familiar.

Para que la Seguridad Social acepte esta solicitud «blindada» frente a los ingresos de los padres, no basta con la palabra del solicitante, ya que es imprescindible acreditar la situación mediante documentación oficial específica.

Dependiendo del caso, será necesaria una sentencia judicial, una orden de protección, un informe del Ministerio Fiscal o, en el caso de la separación, la demanda civil presentada o el convenio regulador.

De este modo, la ayuda se calcula basándose exclusivamente en la falta de ingresos de la persona vulnerable, garantizando que reciba el importe íntegro (que en 2026 ronda los 604 euros para un adulto solo) para que pueda recuperar su independencia lo antes posible.