Parches arbitrarios y ocurrencias fiscales: por qué la nueva financiación es un traje a medida para Cataluña

Hasta en siete ocasiones negó María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que el nuevo modelo de financiación suponga un trato de favor para Cataluña. Sin embargo, Ángel de la Fuente advierte de que la reforma introduce «parches arbitrarios hechos a la medida para beneficiar a determinados territorios». El sistema necesitaba un cambio, pero es difícil justificar una propuesta negociada con ERC a espaldas del resto de autonomías.

En su informe, el director de Fedea critica la inclusión de ajustes ad hoc de difícil justificación que alteran el reparto de recursos. Entre ellos destaca el Fondo Climático, dotado con 1.004 millones de euros con cargo a las arcas estatales, que se presenta como una herramienta para reforzar la lucha contra el cambio climático. El diseño reserva dos terceras partes del fondo a la ribera mediterránea –al estar, supuestamente, más expuestas a este fenómeno– y el tercio restante al resto de comunidades.

Dentro de cada bloque, los recursos se distribuyen por población ajustada, lo que beneficia especialmente a Cataluña y Andalucía, con asignaciones de 216 y 234 millones, respectivamente. La Comunidad Valenciana recibiría 141 millones y Madrid 105 millones, mientras que el resto de territorios se repartirían algo más de 300 millones.

Aún más controvertido es el mecanismo del IVA Pymes, un ajuste que concentraría el grueso del reparto en Cataluña por el peso de este tipo de empresas en su tejido empresarial. La norma prevé transferencias adicionales para aquellas comunidades cuyo porcentaje de recaudación de IVA asociada a pymes sea superior a su peso en el consumo, que es el indicador utilizado para distribuir la recaudación del IVA.

Así, Cataluña captaría 1.441 millones de los 1.964 millones del fondo –un 73,4 %–, un porcentaje muy generoso en comparación de lo que recibirían Comunidad Valenciana (232 millones), Madrid (191 millones), Baleares (55 millones) y Aragón (46 millones).

«Ciertamente, si lo que se consigue es que los gobiernos regionales fomenten que sus pymes sigan siéndolo –en lugar de dejarlas en paz o ayudarlas a convertirse en grandes empresas–, y que se peleen por atraer los domicilios fiscales de las pymes de sus vecinos, habremos hecho un pan con unas tortas», ironiza el director de Fedea.

A estos instrumentos se suma el ajuste por competencias de normalización lingüística, que asigna a Cataluña 240 millones adicionales, frente a 151 millones para la Comunidad Valenciana, 113 para Galicia y 77 para Baleares.

En conjunto, estas figuras –junto al aumento de los porcentajes de cesión del IRPF y del IVA– permitirían a Cataluña pasar de administrar 26.555 millones a 30.457 millones, lo que la sitúa como la comunidad con mayor ganancia total, por delante de Andalucía (+3.072 millones), Madrid (+2.708 millones) y la Comunidad Valenciana (+2.500 millones).

507 euros más por habitante

Si analizamos la propuesta en términos de habitante ajustado, unidad que mide la necesidad real de gasto en sanidad o educación, el patrón se repite.

Cataluña vuelve a encabezar el incremento, con +507 euros por habitante ajustado, seguida de la Comunidad Valenciana (+496), Murcia (+468), Baleares (+450), Madrid (+409) y Andalucía (+367). Con estos cambios, Cataluña pasaría de la octava posición en financiación por habitante ajustado a la tercera, en una tabla liderada por Baleares, mientras Aragón se convierte en el «farolillo rojo», seguida de cerca por Castilla-La Mancha y Murcia.

Números rojos

Uno de los datos más reveladores del informe es el «cero» que figura en la ganancia de Cantabria, La Rioja, Extremadura y Castilla y León. Estas comunidades no pierden recursos en términos absolutos gracias a una cláusula de statu quo que activa un mecanismo de compensación. Sin ese escudo –dotado con 658 millones–, Cantabria habría perdido 318 millones y Extremadura 208 millones respecto a lo que reciben hoy.

Por mucho que el Gobierno lo niegue, el análisis de Fedea concluye que el diseño final concentra el mayor premio en Cataluña. Y lo hace a costa del Estado, al que deja con menos margen presupuestario en un contexto de mayores exigencias de gasto en Defensa y Seguridad Social.