Santiago Abascal con Javier Milei en Madrid
YPF y el motivo tras el mono de Milei: la petrolera que Argentina expropió a Repsol y le puede costar 16.000 millones
El Gobierno de Kirchner pagó 5.000 millones a la española, por una empresa que entonces facturaba más de 13.000 al año
El atuendo del presidente argentino, Javier Milei, en su visita a Madrid este fin de semana para participar en el Madrid Ecomic Forum ha traído a la memoria uno de los episodios más rocambolescos que afectaron a empresas españolas en las últimas décadas.
Milei vestía un foro de la petrolera argentina YPF, una vestimenta que utiliza en ocasiones «por que está más cómodo», según declaraciones de su equipo a El País. De paso, refuerza el mensaje a favor de los combustibles fósiles en un momento además de potencial crisis energética por la guerra en Irán. Pero no es el único motivo.
A principios del siglo XXI, YPF estaba en manos de Repsol, que había comprado la mayoría de las acciones en 1999, siete años después de su privatización. En 2007 se sumó la familia argentina Eskenazi, a través de la sociedad Petersen, radicada en España, que se hizo con otro 25 % de los títulos.
Repsol e YPF encajaban como un guante: mientras que YPF era fuerte en exploración y producción, Repsol tenía capacidad de refino y potentes herramientas de marketing, según el profesor del IESE Pablo Fernández (Valoración de una expropiación: YPF y Repsol en Argentina).
La segunda empresa de Argentina
En mayo de 2012, sin embargo, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió declarar la compañía de utilidad pública, y poco después expropió el 51 % de las acciones.
YPF era por entonces la segunda mayor empresa de Argentina, y facturaba 13.173 millones de dólares, con unos dividendos de 1.293 millones.
Dos años después de la expropiación, Repsol aceptó una compensación de 5.000 millones de dólares en tres bonos argentinos denominados en dólares. A cambio, desistió de futuras acciones legales.
La alternativa era afrontar un largo proceso penal, con el riesgo de que al final del todo el país solicitara una quita y la compañía acabara recibiendo una cuantía similar, según una estimación elaborada por el entonces número dos de la compañía, Nemesio Fernández-Cuesta.
La prueba de que dicha estimación era acertada se evidencia al ver lo que sucedió con la parte de los Eskenazi, cuyo resultado, trece años después, aún no es definitivo. Pocos meses después de la expropiación, el grupo Petersen se declaró en quiebra y acabó vendiendo los derechos de cobro al fondo Buford Capital, que ha estado casi una década litigando contra Argentina en Nueva York.
El fondo obtuvo una victoria en 2023, cuando la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, condenó a Argentina a desembolsar más de 16.000 millones de dólares de compensación, o entregar al demandante el 51 % de las acciones de YPF. Pero Argentina, ya con Milei al frente, apeló el fallo, y logró que en julio del año pasado se suspendiera de forma preventiva la orden de la juez Preska.
Respaldo de Trump
Y por ahora así permanece este galimatías jurídico, en el que el actual Ejecutivo del país ha recibido el respaldo de la Administración Trump, que presentará un expediente en apoyo de Argentina. De hecho, justo este sábado –quizá ahí el verdadero motivo de la elección del vestuario de Milei– el Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York un memorándum solicitando suspender un paso clave en el juicio por la expropiación.
El argumento es que el proceso puede «generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos», según ha dado a conocer la Procuración del Tesoro argentino. Un respaldo que, por cierto, querría tener también España en el proceso judicial que mantiene abierto en EE.UU. por los impagos retroactivos a las primas que en su día aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para las inversiones en energías renovables, pero que parece más alejado que nunca por el enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Donald Trump.