Los impuestos que gravan la vivienda suponen el 3,5 % del PIB: bájenlos y habrán resuelto buena parte del problema

El Gobierno sólo sabe hacer una cosa en materia de vivienda: el paripé. Prueben si no y llamen al 047. «Información Movistar: el número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente». Comprobarán que el teléfono que anunció la ministra Isabel Rodríguez en octubre no funciona. Según el relato monclovita, la llegada de ese servicio público de asesoramiento coincidiría con el 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución, aquel que dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. La Carta Magna sopló las velas el 6 de diciembre, estamos a 19 de enero y seguimos en las mismas.

Y tan anchos, oigan. Tanto o más que la semana pasada, cuando Pedro Sánchez acudió al barrio madrileño de Campamento para anunciar entre grandes alharacas el inicio de las obras de la Operación del mismo nombre, que prevé la construcción de 10.700 pisos. Después de cuatro décadas, el proyecto al fin ve la luz gracias al acuerdo que alcanzaron en julio de 2024 el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento de Madrid. Pero el Gobierno no tuvo la más elemental cortesía de invitar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. O a la presidenta de la Comunidad. No fuera a ser.

El show consistió en llevar a Félix Bolaños en calidad de vecino de la zona y probable candidato del PSOE al Ayuntamiento de la capital. «Que la prensa especule y así no hablará en demasía de la principal preocupación de los españoles», debieron de planear las cabezas pensantes del búnker. Y luego se les ocurrió una idea recurrente para un Ejecutivo que sólo está en sobrevivir: recuperar una medida antigua y venderla como nueva. Léase, la bonificación en este caso, del 100 % del IRPF a los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos. Exactamente lo mismo que anunciaron hace un año y prácticamente lo mismo que dice la Ley de Vivienda. Sólo que la izquierda a la izquierda del PSOE ha decidido ahora hiperventilar, llamando sanguijuelas a quienes tenemos un piso arrendado y amenazando con dejar de sostener al Gobierno cuando todo el mundo sabe que no lo harán nunca.

Echen la cuenta: tenemos el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) cuando se construye, el IVA y el ITP en la compraventa, el IBI y el IRPF que se aplica sobre la tenencia, la plusvalía cuando se traspasa y el Impuesto de Sucesiones cuando se hereda

A ojos de los comunistas, a ninguno de los dos grandes partidos les interesa enfrentar este desafío colosal porque entre sus votantes hay muchos propietarios a los que no quieren perjudicar. Y su tesis ha empezado a correr como la pólvora, agravando el conflicto intergeneracional que algunos no paran de avivar al ver que pueden sacar tajada. Olvidan que buena parte de la culpa de que los precios estén disparados la tienen los impuestos. Porque la carga fiscal sobre la adquisición, tenencia y enajenación de la vivienda en España está muy por encima de la media de la OCDE.

Echen la cuenta: tenemos el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) cuando se construye, el IVA y el ITP en la compraventa, el IBI y el IRPF que se aplica sobre la tenencia, la plusvalía cuando se traspasa y el Impuesto de Sucesiones cuando se hereda. El Instituto de Estudios Económicos ha calculado una recaudación cercana a los 52.200 millones de euros cada año, lo que representa el 3,5 % del PIB y un 18 % de la recaudación tributaria total. Dejen de restringir la oferta interviniendo el mercado. Bajen los impuestos y habrán resuelto una parte importante del problema.

Por fortuna, Feijóo parece tener claro que la vivienda debe dejar de ser la gallina de los huevos de oro para las arcas públicas. Después de la Declaración de Asturias de enero de 2025 y los Acuerdos de Zaragoza del mes siguiente, el plan que ha presentado en el comienzo de 2026 aboga por acabar con la voracidad fiscal tanto en el alquiler como en la compraventa de obra nueva y segunda mano. Además, apuesta por simplificar los trámites burocráticos, acortar los tiempos de construcción y dar facilidades a los promotores para que en la próxima legislatura se puedan construir en España un millón de viviendas entre públicas y privadas. También defiende la puesta en marcha de rebajas y bonificaciones para los jóvenes de menos de 35 años y la creación del programa 'Hucha Hogar Joven' con el fin último de incentivar el ahorro para adquirir un inmueble con deducciones en el Impuesto sobre la Renta.

El líder del PP aprovechó la ocasión para recordar que las autonomías de su partido han rebajado del 10 % al 4 % el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de vivienda de segunda mano por parte de los jóvenes. La intención ahora es extender esta iniciativa a la obra nueva con una rebaja del IVA. Feijóo ha prometido además, un mayor esfuerzo por parte de las administraciones a la hora de movilizar suelo de su titularidad y la aprobación de una ley contra la okupación para desalojar en 48 horas, en contraste con la prórroga del decreto antidesahucios que acaba de aprobar el Gobierno.

El modus operandi, el de siempre: se incluye la medida en un paquete legislativo de consenso, como la subida de las pensiones o las ayudas al transporte, y así se impide el debate individualizado en el Congreso. El resultado es que los miles de afectados por la pesadilla de la okupación sienten que un año más se vuelve a pisotear el derecho a la legítima propiedad y a obviar su calvario.

Portugal, como antes Italia, reformaba el pasado otoño su Código Penal para poner coto a esta problemática. La invasión de un inmueble ajeno pasa a castigarse ahora con hasta 2 años de prisión o multa, incluso sin mediación de violencia, y la pena se agrava hasta 4 años cuando la okupación se realiza con ánimo de lucro o de forma profesionalizada. La norma introduce además, un instrumento clave: la restitución inmediata del inmueble a su dueño sin esperar a que haya sentencia firme. Esperen sentados si imaginan a Pedro Sánchez haciendo lo mismo en España.