La vicepresidenta Montero debe ser reprobada si no saca adelante los Presupuestos

La Constitución establece que el Gobierno debe presentar al Congreso el proyecto de Presupuestos al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior. Y eso es el 30 de septiembre; mañana mismo. Así que ya podemos ir denunciando el incumplimiento, otra vez, y que ni siquiera se ha sometido a votación de las Cortes el techo de gasto y la senda fiscal, que es el paso previo a la aprobación del plan presupuestario en Consejo de Ministros. La vicepresidenta Montero asegura que lo hará «dentro de poco» y que «para nada» da por perdidas las cuentas para 2026. Como si pudiéramos creerlo. Como si no lleváramos tres años con los mismos Presupuestos: los que se aprobaron en 2022 con otro Parlamento y otro Gobierno.

La señal más elocuente de que las negociaciones con los socios van mal, es que el argumentario monclovita no para de martillear con la idea de que si el proyecto finalmente es rechazado, no se contempla convocar elecciones. En fin. El mismo Pedro Sánchez que espetó a Rajoy en 2018 que un Ejecutivo sin Presupuestos «es tan útil como un coche sin gasolina», cumple ya bastante más tiempo gobernando con las cuentas públicas prorrogadas que con las del ejercicio en vigor. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) criticaba la semana pasada que España es el único país de la Unión Europea que no ha remitido a Bruselas su plan presupuestario para 2025. Cristina Herrero recuerda que la ausencia de ese plan no sólo frena inversiones sino que impide realizar los ajustes fiscales que necesita la economía. «Si al menos existiera un proyecto, podríamos conocer las intenciones del Gobierno. De esta forma, los analistas trabajamos completamente a ciegas», se desahogó la cabeza visible de la AIReF, probablemente, la única institución verdaderamente independiente que nos queda tras 7 años de sanchismo.

Lo único que conocemos son las directrices que publicaba el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de septiembre para los distintos ministerios. Entre ellas se incluyen por primera vez, la política de Defensa y el apoyo a los sectores golpeados por los aranceles de Trump. Y también se incide en cuestiones más recurrentes como la vivienda o las políticas sociales. Pero eso es poco decir, ya que antes de poder presentar el proyecto final, Hacienda tiene que establecer cuál será el límite de gasto no financiero –el llamado techo de gasto–, y la senda fiscal, que reparte entre las distintas administraciones el déficit en que puede incurrir España en un ejercicio concreto. O sea, determina que la diferencia entre los ingresos y los gastos del conjunto del sector público no pueden superar un determinado umbral, fijado en el 2,5 % para este año, el 2,1 % para 2026 y el 1,8 % para 2027.

El techo de gasto no plantea mayor problema porque únicamente se comunica por parte del Ejecutivo, pero la senda debe aprobarse tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como en las Cortes, según la liturgia presupuestaria. Así que se presenta como un hueso duro de roer en medio del clima de tensión que se respira entre el Gobierno y Junts. Los de Puigdemont recuerdan que ya tumbaron la senda fiscal el año pasado y aseguran que no habrá Presupuestos tampoco el que viene si no ceden a su chantaje. Y es por eso que en el Ministerio de Hacienda siguen buscando la cuadratura del círculo a la hora de diseñar el cupo catalán. Eso que llaman eufemísticamente «financiación singular» para Cataluña y que implica que la Generalitat tenga el control total sobre la recaudación y gestión de todos los impuestos generados en la comunidad en lugar de participar en la caja común.

Y luego está Podemos, que insiste en sus exigencias a cambio de que sus cuatro diputados respalden unas nuevas cuentas públicas. El disparate pasa por romper totalmente con Israel, bajar el precio del alquiler y no aumentar la inversión en Defensa que exige la OTAN. Casi nada.

El pasado 9 de abril el Pleno del Senado reprobaba a María Jesús Montero «por someter a los ciudadanos a un constante incremento de la carga fiscal» y «por sus descalificaciones públicas en relación con la labor de jueces y magistrados», en relación a la barbaridad que dijo cuando se conoció la sentencia del caso Alves. Si la vicepresidenta no logra sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2026, debería ser reprobada de nuevo, pero esta vez por el Congreso. Igual que ocurrió la semana pasada con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debido a la nefasta gestión de las pulseras antimaltratadores.

Este Gobierno devastado sufre cada poco la recriminación de alguno de sus ministros. Con la Ley en la mano, ello no obliga al presidente a tomar medidas contra él, pero sí debería un valor político y supone un varapalo para el señalado. Desde el inicio de la legislatura, hace dos años, el Gobierno acumula la cifra récord de seis reprobaciones: tres en la Cámara Baja y otras tres en el Senado. Aunque hablando con rigor serían más si se tiene en cuenta que Óscar Puente ha sido censurado tres veces en menos de 20 meses.

Y todavía anuncia Sánchez que tiene intención de presentarse para un tercer mandato. Hay que tener cuajo.