Elogio de la AIReF que nació con Cristóbal Montoro

Ser un organismo económico durante el sanchismo y poder presumir de independencia tiene mérito. Aunque lo lleve en el nombre. Aunque su alumbramiento hace once años fuera una exigencia de la Comisión Europea, dada la desconfianza que generaba España después de demasiados incumplimientos acumulados. La AIReF se encarga de verificar que los datos y previsiones del Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos son correctos, creíbles y cumplibles. O sea, su función es controlar al que controla. Y en estos momentos no sólo resulta necesaria sino imprescindible. «Nuestra misión es proveer datos macroeconómicos sin sesgos para evitar que los gobernantes caigan en un exceso de optimismo», le gustaba repetir a su primer presidente, José Luis Escrivá. Cuando fue designado, los partidos de la oposición dudaron de su labor porque pensaban que era una persona cercana al PP y a Cristóbal Montoro. No podrían haberse equivocado más. A buen seguro que el hoy gobernador del Banco de España es uno de los muchos españoles que está celebrando la imputación del exministro de Hacienda por parte de un juez de Tarragona.

Los enfrentamientos entre ambos quedarán para la literatura económica de este primer cuarto de siglo. Fue sonado el recurso que la AIReF de Escrivá presentó en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Hacienda por no facilitarle los datos necesarios para realizar su trabajo. Sucedió en mayo de 2016. Nueve años después, Cristina Herrero, la economista que tomó las riendas de la institución a principios de 2020, tiene un problema mucho más grave que el que tuvo él.

Con la llegada de la canícula, la presidenta de la AIReF ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno de Sánchez. El informe de ejecución presupuestaria de 2025 supone una enmienda a la totalidad de la gestión de las finanzas públicas. Su principal conclusión es que la coalición PSOE-Sumar viene incumpliendo sistemáticamente las obligaciones de planificación que le exigen la Constitución, la Ley de Estabilidad y la normativa europea. Porque, puestos a no tener, el Ejecutivo no tiene ni proyecto de Presupuestos Generales del Estado ni el plan presupuestario que le demanda Bruselas. Y por descontado, tampoco dispone de un programa económico-financiero tras incumplir la regla de gasto el año pasado. Como también lo hicieron, por cierto, 13 de las 17 comunidades autónomas, a las que la vicepresidenta Montero amenaza con aplicar una disciplina que no está por la labor de aplicarse a ella misma.

En un momento crucial, en fin, por el retorno de las reglas fiscales europeas, la AIReF ha cargado con extraordinaria dureza contra el esperpento del marco fiscal español. ¿O acaso no es absurdo que sigamos funcionando con reglas nacionales obsoletas cuando Europa impone una nueva disciplina de gasto? No hace falta ser muy listo para predecir que esa incoherencia va a ser una fuente inagotable de incumplimientos y de caos. Ahora, que nada es comparable al daño que nos hace tener un gasto público desorbitado. Si no se acomete un ajuste salvaje, la deuda seguirá siendo una condena para las generaciones futuras. Los expertos de la Autoridad Fiscal lo cifran en más de 3 puntos porcentuales del PIB de aquí al año 2040.

Son verdades como puños y lo que le gustaría al Gobierno es que la institución dejara de ser una isla de independencia en medio de su mar de intervencionismo. El penúltimo conflicto tiene que ver con el nuevo informe sobre la sostenibilidad de las pensiones que le ha encargado Moncloa. A ver si el verano que viene la reforma de José Luis Escrivá, todo queda en casa, sale más favorecida en la foto. Herrero ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado para que dirima si el Gobierno le puede hacer este tipo de encomiendas. Resulta que ya hicieron el examen correspondiente, donde alertaban de que el gasto en prestaciones subirá en 3,4 puntos de PIB de aquí a 2050. Lo que ocurre es que a Bruselas no le hizo gracia que se excluyeran del estudio las transferencias de impuestos que Hacienda hace a la Seguridad Social. Así que el equipo económico de Sánchez ha exigido a la presidenta que repitan el trabajo sin tener en cuenta que existe una ley orgánica que regula el número de informes que han de elaborar cada año.

A Sánchez y Montero les gustaría tomar la Autoridad Fiscal por asalto, igual que han hecho con el resto de organismos económicos que un día fueron independientes. Pero a estas alturas, el rigor y la profesionalidad de Cristina Herrero han quedado más que acreditados. Ha puesto el listón bien alto. Su mandato expira en marzo de 2026 y los medios afines al Gobierno se lo recuerdan constantemente con tono de amenaza. Cuando se vaya, que Dios nos pille confesados si el sanchismo sigue en el poder con el apoyo de unos socios dispuestos a encarecer el alquiler del Palacio de la Moncloa hasta que nos quedemos sin España.