La mafia en torno al SEPE de Yolanda Díaz
La mafia va más allá de las citas, ya que también se están vendiendo accesos a certificados digitales falsos, asesorías fantasma y ayudas para trámites que luego acaban en estafa
En la España de los colapsos —ferroviarios, aeroportuarios y sobre todo, gubernamental—, el caos del SEPE pudiera parecer una anécdota. Pero no lo es, en vista de la mafia que se está generando en su derredor. Porque lo que empezó siendo un juego de pillos, se ha convertido en un entramado delincuencial que Yolanda Díaz debería atajar de inmediato en lugar de asegurar que el Servicio Estatal Público de Empleo está «a full» con la fatuidad que le caracteriza. Como resultaba imposible conseguir una cita en la mayoría de las oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia y muchas otras provincias, hace tiempo que surgió un mercado negro que las vende hasta por 90 euros. Los reclamos proliferan en webs como ‘Mil Anuncios’ o en los chats y locutorios que frecuentan los inmigrantes. Pero más allá del despropósito que supone tener que pagar por un servicio público gratuito en teoría, el problema es que hay programas automáticos que reservan los huecos disponibles en cuanto aparecen, y eso impide a los ciudadanos acceder por las vías oficiales. La pescadilla que se muerde la cola.
La imposibilidad de conseguir una cita en la mayoría de las oficinas de Madrid, Barcelona o Valencia hizo que surgiera un mercado negro que las vende por 90 euros
Y el desastre va a más, igual que la desesperación de quienes se ven entre la espada y la pared. La ley establece un plazo para cobrar el paro de 15 días hábiles desde el último día de trabajo o final de las vacaciones. Si no se consigue una cita dentro de esas fechas, se recortan los días a los que se tiene derecho a percibir la prestación. Y si pasados seis meses desde la pérdida del empleo no se ha solicitado la ayuda, se pierde el derecho. Poca broma. Muchas personas que acuden al mercado negro corren el riesgo de que el vendedor desaparezca tras recibir el pago y utilice sus datos con fines fraudulentos. Por no hablar de la mafia más allá de las citas, ya que también se están vendiendo accesos a certificados digitales falsos, asesorías fantasma y ayudas para trámites que luego acaban en estafa.
Lejos de ser una anomalía puntual, el colapso del SEPE responde a una tendencia estructural de deterioro de la administración pública en estos siete años de sanchismo. Como en otros tantos casos, el presidente del Gobierno no vio venir que la vicepresidenta segunda no estaba preparada para gestionar nada más que su propia supervivencia política en medio del lodazal. Y si lo vio, poco le importó.
El Servicio Estatal Público de Empleo arrastra una pérdida de plantilla que supera los 3.000 trabajadores. A pesar de que debería contar con más de 12.000 efectivos, apenas tiene activos unos 7.400, de los que alrededor de 4.500 se dedican a atender al público. La falta de personal es una de las principales causas del colapso, según los sindicatos con los que Yolanda Díaz se manifiesta cada Primero de Mayo. La consecuencia es que hay oficinas repartidas por toda España sin ningún trabajador, otras con sólo uno o dos, y muchísimas sin capacidad para cubrir la demanda.
El presidente del Gobierno no vio venir que la vicepresidenta segunda no estaba preparada para gestionar nada más que su propia supervivencia política en medio del lodazal
A esto hay que sumar una sobrecarga continua de tareas, agravada por la última reforma de la ministra, que entró en vigor el pasado noviembre y que amplía el número de subsidios y las gestiones necesarias para acceder a ellos. El Gobierno logró sacarla adelante en junio de 2024, cinco meses después de que Podemos la boicoteara. Fue una de las batallas más duras entre Sumar y los morados. Y antes, entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, que estaba en las antípodas del planteamiento populista de Trabajo. Su objetivo era «potenciar el compromiso de actividad que todos los desempleados hacen con los servicios públicos de empleo y que obligan a la búsqueda activa de trabajo y a la aceptación de ofertas adecuadas», según llegó a defender la entonces ministra de Economía en Bruselas. Pero se impuso el criterio de Díaz y aquello quedó en aguas de borrajas.
La cuestión es que entre negociaciones aceleradas —con el adelanto electoral de por medio—, y enmiendas que enmendaban otras enmiendas, la reforma del sistema asistencial del desempleo resultó ser un bodrio legislativo que no ha servido para nada más que para cumplir uno de los hitos pendientes para poder solicitar a Bruselas el cuarto desembolso de fondos europeos. Bueno, para eso y para complicarle la vida a los funcionarios del SEPE.
Como si no tuvieran bastante con la implantación del nuevo sistema informático. Preguntes a quien preguntes, todos los trabajadores dicen lo mismo. Las tareas que antes se realizaban entre cinco y diez minutos, ahora requieren media hora. Y eso cuando no se cuelga, que es algo que ocurre todos los días y en numerosas ocasiones. Los sindicatos señalan a la empresa adjudicataria, pero probablemente no sea ella la única responsable de que el sistema no esté adaptado a las necesidades reales de los usuarios sino también de quienes hicieron el encargo. El sistema de marras se llama ALMA. Encima con recochineo.
Susana Burgos es periodista especializada en economía y empresas y formadora de portavoces.