La Sareb y el Ministerio de Vivienda, Agenda Urbana e Inseguridad Jurídica

Zapatero nunca creyó en la Sareb. Por eso la tuvo que poner en marcha Rajoy. La actual presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, que fue ministra de Vivienda entre 2008 y 2010, nos confesó a José Luis Ruiz Bartolomé y a mí cuando la entrevistamos para el libro que escribimos juntos, que le dieron muchas vueltas al ‘banco malo’ pero terminaron pensando que había «otras opciones menos gravosas para el erario público», como relatamos en Vuelve, ladrillo, vuelve (Oberon, 2015). La cosa es que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria tardó demasiado en llegar. Nadie lo duda, como tampoco debería cuestionarse que ha sido un dinamizador imprescindible del mercado inmobiliario durante todo este tiempo. Por eso resulta tan injusto que Sánchez se haya empeñado en cargarse su reputación a dos años de que expire el mandato que le fue encomendado.

El presidente del Gobierno anunció el pasado enero su intención de que todas las viviendas y suelos en manos del ‘banco malo’ donde se pueda construir, se integren en el patrimonio de Sepes, el embrión de la nueva Empresa Pública de Vivienda. Ya saben; como la ministra Isabel Rodríguez no da pie con bola, se les ha ocurrido crear un chiringuito estatal que pagaremos todos para nada. Se ve que no les valió la experiencia de la Sociedad Pública de Alquiler de Zapatero, que se extinguió con una deuda de más de 30 millones de euros y sin cerrar ni la tercera parte de las operaciones prometidas. Ningún burro tropieza dos veces con la misma piedra. Salvo el socialismo.

La cuestión es que, a instancias de Moncloa, la Sareb suspendió en marzo la venta de activos residenciales hasta saber cuáles encajan en la futura Empresa Pública de Vivienda y cuáles no. Pero claro, los promotores y fondos perjudicados no se iban a quedar de brazos cruzados, así que amenazaron con un aluvión de demandas si sus compraventas de suelo no se cerraban tal y como habían acordado. «¿De verdad creen que nos vamos a callar? ¿Acaso piensan que pueden incumplir los contratos así como así? ¿Dónde queda la seguridad jurídica con este Gobierno?», me decía hace un par de semanas un indignado promotor que tenía cerrada con el ‘banco malo’ una operación importante: «sólo faltan los últimos flecos burocráticos que cortar antes de ir a registro». Tremendo.

Vista, en fin, la que se les venía encima, el FROB, que es el órgano dependiente del ministro Carlos Cuerpo que controla la mayoría de la Sareb, decidió la semana pasada dar marcha atrás. Igual que Marlaska con el contrato israelí de las balas de la Guardia Civil, salvando las distancias. Porque en medio de toda esta polémica protagonizada por el ‘banco malo’, están los servicers Hipoges, Aliseda y Servihabitat, que son los que comercializan sus activos y habrían salido muy mal parados del trance. Me confirmaba el promotor aludido que tras la celebración de la Junta General hace dos meses, fueron ellos mismos quienes empezaron a contarles que la entidad pública se disponía a paralizar los procesos de adjudicación en marcha.

Con todo, lo sucedido evidencia que el Gobierno sigue sin entender absolutamente nada de la problemática de la vivienda en nuestro país. Amén de que el banco malo necesita registrar un volumen mínimo de ingresos para continuar funcionando, la suspensión de la venta de activos habría provocado la desaparición de una gran bolsa de pisos baratos del mercado. Porque las viviendas de la Sareb se transaccionan a un precio medio de 90.000 euros, según los últimos datos disponibles. Lo de Sánchez y la ministra Isabel Rodríguez ya no es miopía sino ceguera.

El Consejo de Ministros aprobará mañana el nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) centrado en la industrialización de la vivienda. Lo presentó el jefe del Ejecutivo la semana pasada en Ifema, adelantando una inversión pública de 1.300 millones de euros durante la próxima década. Eso significa que el Estado apenas pondrá cada año 130 millones de euros para «darle la vuelta al modelo productivo de la edificación», por pretencioso que suene. El sector ha recibido el anuncio con escepticismo. «Cualquier medida que estimule la oferta y no redunde en el intervencionismo al que nos tienen acostumbrados es bienvenida», dicen, pero les ha parecido un anuncio con demasiada fanfarria para tan pocas nueces.

Si tenemos en cuenta que los pisos se han encarecido nada menos que un 24 % desde que Sánchez se instaló en la Moncloa, la política de vivienda constituye uno de los fracasos más clamorosos de este Gobierno. Y miren si hay donde elegir. Pero lo más desolador es que siguen sin aprender de los errores y sin querer ver la raíz del problema, que no es otra que la restricción política del suelo urbanizable, así como la alta fiscalidad y la falta de seguridad jurídica. Fundamental también esto último. Tanto que en el sector suelen referirse ya –reír por no llorar–, al «Ministerio de Vivienda, Agenda Urbana e Inseguridad Jurídica».