Lo que Sánchez no le contó al Papa sobre la pobreza en España

«Sin una tributación justa nunca tendremos los recursos para luchar contra la pobreza o el cambio climático». Eso es lo que defendió Pedro Sánchez el otro día en un foro sobre justicia fiscal y solidaridad organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales en el Vaticano. Como si él pudiera presumir de aplicar una tributación justa en España, cuando ni siquiera se ha dignado a deflactar la tarifa del IRPF en los peores momentos de la crisis de inflación que todavía sufrimos. El vídeo que mandó al evento prosigue con una soflama contra los ricos y la desigualdad en el mundo. Nada nuevo bajo el sol del populismo progresista. Habría pasado sin más pena ni gloria, si no fuera por el lío descomunal que han montado dos de sus vicepresidentas a cuenta de la tributación del Salario Mínimo Interprofesional.

Unos 400.000 pensionistas también están cruzando los dedos para que el Gobierno rectifique y Montero no se salga con la suya

Pero eso no se lo contó Sánchez al Papa. Igual que tampoco le contó que los asalariados que cobran el SMI no son los únicos que van a tener que empezar a pagar IRPF este año. Unos 400.000 pensionistas también están cruzando los dedos para que el Gobierno rectifique y Montero no se salga con la suya de dejar el mínimo exento en los actuales 1.134 euros mensuales (15.876 euros anuales brutos), en lugar de subirlo hasta los 1.184. Son los 50 euros de diferencia que «harán que mucha gente abandone la calificación de pobres», dice Yolanda Díaz sin pudor, y de los que Montero pretende quedarse con 21 euros en dos de cada diez casos. Cuesta creer, la verdad, que la ministra de Hacienda se haya metido en este follón habiendo sido designada por su jefe como candidata a la presidencia de Andalucía en las elecciones de 2026. ¿Sabrá que la suya es la comunidad donde más trabajadores perciben el salario mínimo; tantos como medio millón?

Otra cosa, en fin, que no le contó Sánchez al Papa Francisco es el escándalo de los cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital, que no cesa. Raro es el mes que no salta a la prensa un nuevo caso. Resulta que la ayuda para las familias vulnerables aprobada en 2020 para combatir la pobreza en España se ha convertido en una pesadilla para la cuarta parte de sus beneficiarios, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Porque el Gobierno les está reclamando que devuelvan parte del dinero cobrado tras constatar que no habían hecho bien los cálculos de las rentas. Aseguran las ONG que trabajan sobre el terreno que el ministerio de Elma Saiz está exigiendo 18.000 euros y más a las familias con pocos recursos que están sufriendo este problemón sin comerlo ni beberlo. La ineptitud de la administración sanchista ha generado una deuda en miles de beneficiarios del IMV, que, en muchos casos, ni siquiera lo solicitaron. Ahora viven atemorizados ante la total incapacidad de devolver unas cuantías que gastaron en su mera subsistencia.

Algunas ONG afirman que el ministerio de Elma Saiz está exigiendo 18.000 euros y más a las familias con pocos recursos que están sufriendo el problemón del cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital

Pedro Sánchez sacaba pecho la semana pasada ante las estadísticas de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Una de las conclusiones es que la población en situación de carencia material y social severa se redujo hasta el 8,3 % el año pasado respecto al 9 % de 2023. La cuenta del presidente en X se apresuró a publicar que «en España no solo prospera la economía: también lo hace la justicia social (…). Los ingresos medios anuales de los hogares crecieron 2.175 euros y la desigualdad, la pobreza y la exclusión social se han reducido a los niveles más bajos de la serie histórica. Queda mucho por hacer. Lo sabemos. Pero nadie puede negar que avanzamos en la dirección correcta».

Un 25,8 % de los ciudadanos vive en riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa AROPE, pero como hace un año estuvimos siete décimas peor, por lo visto debemos tocar las palmas. Y encima hay un porcentaje que no baja sino que sube. Quizá el más preocupante y doloroso de todos: el 34,7 % de menores en riesgo de pobreza a cierre de 2024, cuatro décimas más que doce meses antes. Desde que Sánchez se instaló en la Moncloa, esa tasa, la de la pobreza infantil, ha aumentado en cerca de 4 puntos porcentuales. Pero eso tampoco se lo contó el presidente del Gobierno a Bergoglio.

En el vídeo que envió al Vaticano se reivindica como adalid contra la pobreza y pide que «unos pocos ricos» no gobiernen el mundo. «La justicia fiscal no es solo una opción política. Se trata de defender los principios de justicia y solidaridad que sustentan nuestras sociedades (…) Si los multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que la gente corriente, las personas normales, la confianza pública se erosiona», advierte quien nos ha castigado los últimos siete años con 96 subidas tributarias entre impuestos y cotizaciones. De justicia fiscal se atreve a hablar quien lleva siete años ensañándose con los contribuyentes, hasta el punto de querer hacer tributar por IRPF a quienes cobran el salario mínimo. Hay que tener valor.

• Susana Burgos es periodista especializada en economía y empresas y formadora de portavoces