Hartazgo en Competencia con las formas de Beatriz Corredor en plena histeria por un nuevo apagón

Apenas quedan dos semanas para que Iberdrola, Endesa y Naturgy entreguen en el Ministerio para la Transición Ecológica el plan de cierre de Almaraz. Eso si nada cambia, que ojalá haya novedades en los próximos días. Según la Instrucción Técnica Complementaria aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear, el cronómetro ha de ponerse en marcha dos años antes del desmantelamiento de la central. Y lo que está previsto es que el primer reactor se apague el 1 de noviembre de 2027, igual que el segundo debe hacerlo en octubre del año siguiente.

Los integrantes de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' se niegan a tirar la toalla y siguen exigiendo al Gobierno que negocie con las compañías, toda vez que se han mostrado dispuestas a continuar con la actividad de la primera industria extremeña. Siempre y cuando les salgan las cuentas, claro, porque el castigo fiscal que soporta el parque nuclear español ha aumentado más de un 70 % en los últimos cinco años. Por eso no es ninguna tontería que la presidenta de la región haya decidido rebajar a la mitad la ecotasa autonómica hasta alcanzar una disminución estimada de 45 millones de euros en 2029.

María Guardiola ha puesto la pelota en el tejado de la vicepresidenta Sara Aagesen, que todavía no ha dicho esta boca es mía. El movimiento ciudadano que preside el alcalde de Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, confía en que se pronuncie esta semana y sigue soñando en última instancia con que se revoque la orden ministerial que decreta el cese de Almaraz. Necesitan que se despeje ya la incertidumbre que pesa sobre los 4.000 puestos de trabajo que dependen de su continuidad. Y sobre el conjunto del sector energético, cabe añadir.

El nerviosismo ante la posibilidad de que se produzca un nuevo apagón empieza a convertirse en histeria en algunos despachos. Las medidas urgentes que ha tenido que sacar inmediatamente a consulta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a petición de Red Eléctrica por variaciones bruscas de tensión, han vuelto a poner en entredicho la capacidad del sistema.

Cuentan en el entorno de Cani Fernández, por cierto, que la presidenta de la CNMC está harta de las maneras de Beatriz Corredor. Red Eléctrica se puso en contacto con el regulador a través de un escrito en el que pedía la modificación exprés de hasta cuatro protocolos de gestión y cuando trascendió la noticia, le faltó tiempo para negar el riesgo de blackout. Como si Competencia se lo hubiera inventado. Tiene bemoles la cosa.

Los expertos ya calculan un incremento de la factura eléctrica en más de 5.000 millones

Lo cierto es que los parches que se vienen poniendo desde el 28 de abril, el día que nos fuimos a negro, nos van a salir a los españoles por un ojo de la cara. Los expertos calculan un incremento de la factura eléctrica en más de 5.000 millones de euros. Para empezar a hablar, porque las últimas medidas la encarecerán aún más. Y todo ello sin que el Gobierno reconozca lo obvio: que la apuesta decidida por las renovables –y sobre todo la entrada y salida en tromba de la solar fotovoltaica– hace imprescindible energía base síncrona suficiente para mantener la estabilidad del sistema. La nuclear no sólo dispone de ella sino que encima lo hace sin emitir CO2. De ahí lo incomprensible de mantener el calendario para cerrar Almaraz.

Sea como fuera, el boom de solicitudes que vivimos por parte de inversores que quieren establecerse en España, no cesa. La OCDE recomendó a principios de verano a la industria europea trasladar su producción a nuestro país por los bajos precios que tendrá la luz en el futuro gracias a la contribución de las energías limpias. Lo que no sabían en París es que tenemos las redes colapsadas. Aelec, la asociación que engloba a Iberdrola, Endesa y EDP, alertó en febrero de un aluvión de peticiones para centros de datos y otras industrias de 67 GW equivalentes al 40 % de lo ya instalado. Pues bien, la mitad de las solicitudes se denegaron por falta de capacidad, lo que se traduce en 60.000 millones de euros de inversión no ejecutada.

Se ha hecho de rogar pero el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por fin ha presentado un nuevo Real Decreto que regula las inversiones en esas redes de transporte y distribución de electricidad. La música suena bien, ya que se actualizan los límites de inversión, se introducen mecanismos de planificación más abiertos y se marca una hoja de ruta hasta 2030. Pero la letra plantea algunos problemas graves. El texto, por ejemplo, establece un límite anual uniforme de 1.540 millones de euros por año, que ni mucho menos se ajusta a la realidad de las inversiones eléctricas, que son plurianuales y con ritmos desiguales.

Y luego está el sistema de retribución a las compañías, que no incentiva suficientemente la captación de capital ni tampoco la agilidad de los proyectos. Ahí son las normas de la CNMC las que imperan, de manera que de poco sirve diseñar un plan de inversiones correcto si la ministra Sara Aagesen y el organismo que preside Cani Fernández operan con reglas incompatibles. En el sector insisten en que hace falta coherencia institucional, flexibilidad regulatoria y visión de largo plazo. Y sabemos que esas tres cosas no son precisamente el fuerte del sanchismo. Es por eso que, si no cambian las tornas, seguimos condenados a tener la peor política energética con el peor Gobierno posible.