El uso de renovables sin adaptar el mercado aumenta los precios y reduce la competitividad de la economía

Desde que se produjo el gran apagón, el 28 de abril de 2025, el Gobierno ha evitado señalar abiertamente al exceso de renovables. Pero si observamos la composición del mix energético, apreciamos que en las últimas dos décadas se ha producido una fuerte reducción del carbón y del petróleo, un aumento del gas natural y un crecimiento muy significativo de las energías renovables, en especial la eólica y la solar.

Así lo refleja el informe El sistema energético español en el contexto de la transición energética, elaborado por el Observatorio Demográfico del CEU-Cefas, que señalan cómo estos cambios han reducido de forma notable las emisiones del sector, pero también ha generado nuevas vulnerabilidades, que se dejaron ver durante el apagón del pasado abril.

El informe subraya que la transición energética en España se ha desarrollado en un marco de «fuerte intervencionismo regulatorio» y con un apoyo muy intenso a determinadas tecnologías, lo que ha generado sobrecostes y distorsiones que afectan tanto a los consumidores como a la industria.

Los autores del estudio consideran llamativa la caída del consumo total de energía. Entre el 2000 y 2024, el consumo total de energía primaria en España registró una reducción del 6,3 %, pese a que la población se incrementó un 20 %, y el PIB creció un 46 %. Y aunque esta evolución del consumo se puede atribuir a las mejoras en eficiencia energética, la disminución del consumo medio de combustible por distancia recorrida en el parque automovilístico y otras iniciativas sectoriales orientadas a la optimización del uso energético, también, el informe, culpa a «una reestructuración significativa de la economía española, caracterizada por una reducción sustancial del peso del sector industrial».

En 2024, estas alcanzaron un récord del 56-57 % de la generación total, lideradas por la eólica (23-24 %) y la solar fotovoltaica (17 %), seguidas por la nuclear (alrededor del 20 %) y el gas natural en ciclos combinadas (13-14 %). Esta evolución ha permitido reducir las emisiones asociadas al sector eléctrico en más del 50 % desde 1990.

No obstante, los autores advierten de los desafíos a los que se enfrenta España, con precios de la electricidad muy volátiles, que afectan tanto a los hogares como a la industria y reduce la competitividad de la economía española. Y es que los episodios de precios elevados no son coyunturales, sino el resultado de desequilibrios estructurales en el diseño del mercado y en la planificación energética. Es el caso de la congestión de las redes de transporte y distribución, y las dificultades para garantizar la estabilidad del sistema, en un contexto de alta penetración de energías renovables.

Es por eso que el informe propone diez medidas de mejora para el sector energético español. Entre ellas pide, «reducir el intervencionismo político» y fortalecer «la regulación técnica independiente», como es la CNMC. Así como avanzar hacía una neutralidad tecnológica en el sector energético, permitiendo que «el mercado actúe como selector principal del mix energético más eficiente entre las opciones disponibles».

El texto incluye mejorar la retribución de las inversiones en la Red Eléctrica, junto con un plan de choque para descongestionar nodos saturados. Y suprimir los mecanismos regulatorios que otorgan prioridad sistemática a las fuentes renovables asíncronas y discontinuas, principalmente la solar fotovoltaica y la eólica.

Impulsar la reconversión de presas de flujo continuo en centrales hidroeléctricas de bombeo; reducir la carga fiscal sobre productos y suministros energético; y la necesidad de una perspectiva nacional, son otras de las medidas a las que hace referencia el informe. Pero quizás la más importante sea extender la vida útil de la energía nuclear y desarrollar nuevas instalaciones, eliminando los gravámenes fiscales y regulatorios que penalizan actualmente a las centrales nucleares.

En conclusión, el informe defiende un enfoque basado en criterios técnicos, económicos y de interés general para avanzar hacia un sistema energético «más eficiente, seguro, sostenible y competitivo».