El nuevo decreto antidesahucios no frena el riesgo de okupaciones

La prórroga de la moratoria antidesahucios aprobada esta semana por el Gobierno, y en la que se excluye a los propietarios de una o dos viviendas, podría suponer un punto de inflexión en el mercado del alquiler. Y es que, de esta forma el 93,4 % de personas que arrendan su vivienda en España estarían protegidas, ya que tienen un inmueble más aparte de suyo, tal y como se desprende del estudio Perfil de los propietarios de viviendas en alquiler en España, elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro.

En el decreto en el que se incluye esta medida, también se refuerzan las compensaciones para los propietarios que no pueden ejecutar los desahucios. Esta compensación se calcula según el valor medio de mercado u otros criterios objetivos, con el fin de mitigar el impacto económico, y también se compensan los gastos corrientes asumidos por los propietarios.

Ambas medidas pueden suponer un alivio económico para un grupo que concentra buena parte de la oferta residencial: los pequeños propietarios. Muchos de ellos son pensionistas o familias que dependen del alquiler como ingreso complementario. En regiones como la Comunidad Valenciana, la morosidad ha aumentado en torno a un 12 % en los últimos años, y la oferta de alquiler se ha reducido cerca de un 7 % desde 2021. Otras comunidades que se pueden ver beneficiadas son Andalucía o la Comunidad de Madrid, donde la mayoría del parque de alquiler está en manos de familias con un solo inmueble.

Juristas explican a El Debate que este decreto puede frenar la tendencia a retirar viviendas del mercado y contribuir a mejorar una estabilidad desconocida en la última década. Sin embargo, alertan de que el riesgo de okupación y el temor a ella seguirá creciendo si no se agilizan los procedimientos judiciales para recuperar la posesión, según explican abogados expertos a El Debate.

«Proteger a casi todo el parque de pequeños propietarios frente al impago es una medida necesaria y largamente esperada, pero no resolverá el problema de la ocupación ilegal si no se acompaña de reformas procesales que permitan recuperar la vivienda con mayor inmediatez», explican desde Legalis Defensa, despacho especializado en desahucios y desocupaciones. Muchos propietarios no son inversores, sino familias con ingresos ajustados, para quienes un impago prolongado o una ocupación suponen un daño económico difícil de soportar, por eso algunos seguirán evitando sacar su vivienda al mercado.

La okupación no solo surge por la solvencia del inquilino, «sino por ventanas temporales entre contratos, por la lentitud de los juzgados y por la falta de mecanismos preventivos y de respuesta inmediata». A eso se le suma que existen mafias que profesionalizan estas prácticas. Por ello, los letrados advierten que el sistema será eficaz «solo si funciona con agilidad y si se garantiza que la compensación económica, que se recoge en el decreto, no se retrasa». Y recuerdan que el riesgo de ocupación no se reduce con un sistema de cobertura, sino con mecanismos judiciales rápidos que hoy, en la práctica, continúan siendo lentos y desiguales entre comunidades.

Entre 13 y 36 meses

Casi dos años se tarda en desalojar, de media, a un okupa en España, aunque en algunas comunidades autónomas ese tiempo puede llegar a los tres años. Así se desprende de los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al año 2023.

Pero lo más llamativo es la diferencia entre comunidades. Castilla y León (35,9 meses), Murcia (27), Canarias (26) y Andalucía (24,9) superan los dos años de plazo, mientras que Aragón (13,5 meses), Navarra (14,2) y Asturias (14,9) son las que muestran menor duración, en ningún caso baja de un año.

En total, en 2023 se produjeron 2.261 procedimientos –un 18,8 % menos que el año anterior– de los cuales Cataluña registró 445, un 23,6 % del total, y se mantiene como la región con más demandas en los últimos cinco años. A continuación, se encuentra Andalucía (424 procedimientos), Comunidad Valenciana (379) y Madrid (215). En relación con su población, la mayor tasa se da en Baleares, con 9,8 casos por cada 100.000 habitantes.