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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.EP

A Yolanda Díaz se le revolucionan los inspectores: denuncian impagos y falta de transparencia

Las asociaciones de la Inspección de Trabajo acusan al Ministerio de no abonar íntegramente los pluses de productividad a pesar de haber cumplido los objetivos

Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social denuncian que el Ministerio de Trabajo no ha abonado íntegramente los pluses de productividad colectiva pese a haberse alcanzado los objetivos. Además, critican que el departamento de Yolanda Díaz aún no ha fijado las reglas para 2026.

Según explican, la Dirección del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) trasladó en diciembre que, aunque se habían alcanzado las metas fijadas, no se percibiría el importe íntegro de la productividad colectiva, sin concretar siquiera el porcentaje que quedaba pendiente de pago. «No se ha recibido explicación alguna del motivo por el que se nos deniega la percepción de este complemento, más allá de la falta de autorización para el pago», señalan.

No se trata de un problema puntual. Ya en la nómina de diciembre de 2024 no se abonó el importe total de la productividad colectiva, una situación que finalmente se corrigió con retraso en enero de 2025. Entonces, distintos sindicatos denunciaron que la dirección conocía las dificultades presupuestarias y no informó previamente a la plantilla.

En esta ocasión, el Ministerio se remite al punto 1.6 de la Instrucción 6/2014 sobre productividad, que establece que el crédito total destinado a este complemento estará limitado por el importe autorizado cada año por el Ministerio de Hacienda en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para las asociaciones, esta cláusula no puede servir de cobertura para pactar objetivos con la plantilla y, una vez cumplidos, desvincularse del compromiso retributivo alegando falta de autorización presupuestaria.

«El carácter no consolidable de la productividad complementaria, o su sujeción a disponibilidad presupuestaria, no puede justificar el impago tras haberse materializado los objetivos», sostienen. Añaden además que la dirección del organismo sí percibe estas cantidades prorrateadas a lo largo del año, con independencia de que se cumplan o no los objetivos colectivos.

A fecha de hoy, según denuncian, la plantilla aún no conoce los objetivos colectivos correspondientes al periodo que comenzó en septiembre de 2025 y finalizará en septiembre de 2026. «No solo cambiaron unilateralmente las reglas del juego en diciembre de 2025 no abonando la totalidad de las cantidades adeudadas alegando falta de presupuesto, sino que ahora directamente no hay reglas», advierten.

Las asociaciones alertan de que esta situación genera inseguridad organizativa, dificulta la planificación del trabajo y agrava la carga de tareas en un organismo que consideran ya tensionado por problemas técnicos, informáticos y retrasos en otros conceptos retributivos, como el pago de guardias. También se preguntan si se ha evaluado el impacto en términos de riesgos psicosociales.

Además, recuerdan las palabras de Yolanda Díaz, que recientemente advertía de las «trampas» y «juegos de trileros» que algunas empresas hacían para no aplicar las mejoras laborales.Las asociaciones sugieren que esas prácticas deberían revisarse también dentro del propio organismo dependiente del Ministerio.