Yolanda Díaz reconoce que el Estatuto del Becario costará hasta 52 millones a empresas y universidades

El estatuto del becario costará a las empresas y a la ciudadanía 51,7 millones de euros. Esta cifra contabiliza solo las cargas administrativas, es decir, aquellas tareas de tipo administrativo que se deben llevar a cabo para cumplir con las obligaciones derivadas de la norma.

El anteproyecto de ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral se aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, se felicitó por la aprobación de la norma y señaló que el Gobierno estaba haciendo «algo muy hermoso» que es la «reforma laboral para la gente joven en España; de esto va la norma», señaló en rueda de prensa posterior al Consejo.

Recordó que esta norma «afecta a dos millones de personas», el 72,8 por ciento entre 18 y 24 años hasta un total de 1.400.000 personas, «que generan una huida del derecho laboral, y que engrasan y engrosan el concepto de los mal llamados falsos becarios, es decir una distorsión auténtica en la economía española». Agregó que el 22,2 por ciento de estos becarios tienen hasta 59 años, «se puede entrever de manera indiciaria que estamos hablando claramente de abusos».

Los 51 millones son una «sobreestimación», que parte «del peor caso posible, que es el de que bajo cada acuerdo o convenio se dé de alta a una única persona en prácticas», aclara el ministerio de Yolanda Díaz. ¿Cómo se llega a esta cifra? Se parte de la suma de las siguientes partidas: 33 millones que le corresponderían a las empresas privadas; 9 millones a las universidades privadas; 4,3 a la agrupación de entidades no incluidas en las anteriores; 2,8 de centros docentes privados y 2,6 de centros concertados dependientes de las consejerías de Educación de las comunidades autónomas.

Esto es solo lo que corresponde a ciudadanos y empresas por cargas administrativas. Por otro lado, el ministerio también calcula un impacto presupuestario por la norma de una cifra «ligeramente superior a los 97 millones de euros». No obstante, «el impacto presupuestario se ve compensado al producirse un incremento de la recaudación en materia de cotizaciones e ingresos fiscales por la eliminación de prácticas fraudulentas», aclara el ministerio.

Díaz tramita en tiempo récord los informes preceptivos

Por otro lado, el estatuto del becario se aprobó en primera vuelta en Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre. Sin embargo, Díaz anunció la creación de una Mesa de Diálogo Social para regular el estatuto en abril de 2022. Y el acuerdo llegó recién en junio de 2023 –aunque hasta el día de su aprobación en segunda vuelta contó con el rechazo de la principal patronal español, la CEOE–.

Transcurrido todo este tiempo, las prisas parecen haber llegado al final. Hasta hace solo dos meses Díaz no contaba con el informe preceptivo de ningún ministerio para llevar a cabo su norma. Pero el mes pasado, aparecieron todos 'de golpe'.

Si bien aclara el ministerio en la memoria que los informes se pidieron conforme a lo que indica la ley el pasado 5 de diciembre – o 9 de diciembre, según una u otra página de la memoria– no llegó ninguno hasta la última memoria, de febrero de 2026, donde se indica que finalmente respondieron los siguientes ministerios:

-Ministerio de Asuntos Exteriores, de 04.02.2026

- Ministerio de Hacienda, de 19.12.2025

- Ministerio de Educación, de 16.12.25

- Ministerio de Cultura, de 15.12.2025 sin observaciones.

-Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, de 12.12.25

- Ministerio de Economía, de 16.01.2026

- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de 17.12.2025

- Ministerio de Igualdad, de 16.12.2025

- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de 15.1.2026

- Ministerio de Juventud e Infancia, de 26.12.2025.