Bruselas deja sin argumentos el cierre nuclear en España con un multimillonario plan

La apuesta nuclear de la Unión Europea pilla con el pie cambiado al Gobierno español. Bruselas entonó este martes el mea culpa por no haber apostado por esta tecnología, y anunció un multimillonario plan de inversiones para situar al bloque comunitario en vanguardia de la nueva era atómica.

La Comisión considera ahora que alejarse de la nuclear «es un error estratégico», en palabras de la presidenta Úrsula von der Leyen, tras la crisis energética desatada por la invasión rusa de Ucrania y la subida de precios en Alemania, país que ha cerrado sus reactores en los últimos años

Bruselas destinará 200 millones de euros, procedentes del Régimen de Comercio de Emisiones, para que las empresas europeas desarrollen reactores modulares (SMR), según un plan pilotado desde la cartera que lidera la comisaria y vicepresidenta Teresa Ribera.

Los SMR son también conocidos como mini reactores, dado que generan una fracción de la energía de los reactores convencionales (200 MW frente a 1.000) con menos costes y riesgos y plazos de puesta en operación mucho más cortos.

La ex vicepresidenta española participó ayer en la presentación del plan para potenciarlos, denominado Estrategia de Inversión en Energías Limpias, junto con el comisario Jörgesen. Ribera se abstuvo de defenderlo en el pleno de Estrasburgo, algo que correspondió únicamente a Jörgesen.

Mini plantas atómicas a partir de 2030

Los primeros resultados de la apuesta europea se esperan para inicios de la década de 2030. Para entonces ya se habrán desconectado de la red eléctrica española la mayoría de las plantas nucleares si se cumple el calendario impuesto por la propia Ribera cuando era vicepresidenta española y ministra de Transición Ecológica.

El PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, impuso «el cierre ordenado y escalonado del parque nuclear a lo largo de la década comprendida entre 2025 y 2035».

Cuatro reactores equivalentes a 4 GW se desconectarán antes de 2030, empezando por Almaraz I (noviembre de 2027) y Almaraz II (octubre de 2028). En 2029 se desconectará Ascó I (2029) y Ascó II (2030); y luego otros tres entre 2031 y 2035: Cofrentes (2033), Vandellós y Trillo (2035).

Presión a través de los impuestos

Ribera siempre ha defendido que la clausura de las instalaciones se pactó con las compañías eléctricas. Pero las empresas del sector defienden en público la conveniencia de mantener operativas unas instalaciones que son «seguras y eficientes», según han trasladado los directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy, empresas propietarias de las instalaciones.

En privado, fuentes del sector recuerdan que el calendario de cierre se pactó en 2019 bajo la amenaza de cierre «inmediato, de un día para otro» que exigía Podemos, entonces integrante del Gobierno de coalición.

Finalmente se acordó mantener las plantas abiertas hasta que expiraran sus licencias de operación a condición de que no aumentaran los impuestos sobre las plantas. Algo que Ribera quebró antes de marchar a Bruselas: en 2024 disparó un 30 % la tasa Enresa, que las plantas pagan por la gestión de sus residuos.

Esto generó indignación entre el sector, que afirma que los impuestos se comen más del 50 % de su presupuesto de operación y laminan «de forma artificial» la competitividad de las plantas nucleares, que están prácticamente amortizadas.

A pesar de ello, los titulares de Almaraz ya han presentado la documentación para alargar la vida operativa de la instalación hasta 2030. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) deberá valorarla y emitir un dictamen que se espera antes del próximo verano. Posteriormente será el ministerio de Transición Ecológica, con Sara Aagesen hoy al frente, quién tome una decisión.

Aagesen ya anticipó ayer, tras conocerse la apuesta europea, que la prioridad del Gobierno seguirán siendo las renovables. «Tenemos sol, tenemos viento, tenemos talento, tenemos empresas que han apostado todos estos años (...) por las renovables. Es una apuesta que es la ganadora en nuestro país. Esas empresas no han apostado por nueva inversión en generación nuclear, lo quiero destacar, eso es así», afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Presión de los ecologistas

Según explicó el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), Paulo Santos, la semana pasada, las plantas españolas están «técnicamente preparadas» para la extensión de su vida útil; e instalaciones gemelas a las españolas ya han recibido autorización en EE.UU. para operar hasta los 80 años. En España, Almaraz se desconectará, si no hay cambios en el calendario, con 46.

En este escenario, grupos a favor y en contra de la nuclear han recrudecido el debate en las últimas semanas con diferentes estudios y manifiestos a favor y en contra del mantenimiento de las plantas operativas. Según PwC, el cierre de las plantas encarecerá la luz entre 13 y 37 euros/MWh.

Este martes medio centenar de organizaciones exigieron al Gobierno en un manifiesto que no extienda la vida de Almaraz, afirmando que extender su vida operativa supondría 3.818 millones de euros y frenaría 26.129 millones de inversión en renovables.