La CNMC solicitó a la Liga evitar la discrecionalidad en la comercialización de los derechos
El contrato de autobuses de Renfe choca con las recomendaciones de la CNMC para no dar ventajas a los grandes operadores
Las asociaciones del sector advierten de que los requisitos del concurso dejan fuera a la mayoría de pymes y preparan su impugnación
La licitación lanzada por Renfe para crear una empresa de autobuses destinada a cubrir incidencias ferroviarias ha encendido las alarmas en el sector del transporte de viajeros por carretera. Las asociaciones empresariales denuncian que las condiciones del concurso dejan fuera a la mayoría de pequeñas y medianas empresas, y que choca con algunas de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar que los pliegos favorezcan a los grandes operadores del mercado.
La operadora pública ha licitado un contrato para gestionar los llamados Planes Alternativos de Transporte (PAT), el sistema que permite trasladar a los viajeros por carretera cuando se interrumpe la circulación ferroviaria por obras, incidencias técnicas o fenómenos meteorológicos. El proyecto prevé la creación de una sociedad participada al 49 % por Renfe y al 51 % por la empresa adjudicataria, que será la encargada de aportar la flota de autobuses y gestionar el servicio.
El contrato tiene una duración inicial de diez años, ampliable hasta quince, y un valor estimado de 923 millones de euros. Entre los requisitos establecidos en el pliego figura la obligación de disponer de al menos 500 autobuses en propiedad, además de contar con presencia en varias zonas clave del país.
Según las asociaciones del sector, estas condiciones limitan la participación a un número muy reducido de compañías de gran tamaño, dejando fuera a la mayor parte del tejido empresarial del transporte de viajeros por carretera, formado principalmente por pequeñas y medianas empresas.
El contrato, además, va en dirección totalmente opuesta a algunas de las advertencias formuladas por la CNMC en un informe publicado el pasado octubre sobre los borradores de pliegos tipo de los contratos de concesión de transporte regular de viajeros por carretera. En ese documento, el regulador analiza el diseño de los futuros contratos del sistema concesional de autobuses y advierte del riesgo de que determinadas condiciones puedan limitar la competencia si se establecen requisitos desproporcionados de solvencia, experiencia o capacidad operativa.
La CNMC señala que los pliegos deben evitar barreras de entrada que reduzcan la concurrencia y advierte de que ciertos requisitos pueden terminar favoreciendo a los operadores que ya dominan el mercado. Entre sus recomendaciones figura la necesidad de diseñar contratos que faciliten la participación de un mayor número de empresas y evitar condiciones que refuercen la posición de los operadores dominantes.
«El regulador advierte de que los pliegos deben evitar favorecer a los operadores dominantes, pero el contrato de Renfe exige condiciones que solo pueden cumplir unas pocas compañías», señalan fuentes del sector consultadas por El Debate. Las asociaciones empresariales consideran que este modelo puede acelerar la concentración de un sector que ya ha experimentado una fuerte reducción del número de compañías en los últimos años.
Impugnación
Direbús, organización que representa a las pequeñas y medianas empresas del transporte en autobús, ya ha anunciado su intención de impugnar la licitación al considerar que introduce requisitos que restringen de forma significativa la competencia.
«El tejido empresarial del transporte de viajeros en España está formado mayoritariamente por pymes que garantizan la capilaridad del servicio, generan empleo local y llevan décadas prestando un servicio esencial para la movilidad del país», señalan.
La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra), por su parte, critica «la incertidumbre generada» por le hecho de que las especificaciones técnicas y las condiciones de prestación del servicio no sean públicas, «ya que únicamente las empresas seleccionadas en una primera fase podrán acceder al pliego de condiciones», circunstancia que dificulta la transparencia del proceso y limita aún más la posibilidad de concurrencia.
Por ello, los servicios jurídicos de la asociación están estudiando la posibilidad de presentar un recurso especial en materia de contratación (REMC) contra el anuncio de la licitación.
