A quién afecta la jornada de 35 horas para funcionarios y cuándo entra en vigor

Durante la primera quincena de abril se pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE). Así lo ha anunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante unas jornadas de elDiario.es.

El ministro ha aclarado que esta medida se llevará a cabo en acuerdo con las organizaciones sindicales y que habrá que desarrollarla con todos los ministerios. Esta medida supondrá la modificación de la jornada laboral para muchos trabajadores en España, por lo que es conveniente repasar una serie de aspectos imprescindibles que hay que tener en cuenta desde este momento.

¿A quién incumbe esta decisión?

Esta reducción afectará a todo el personal de la AGE, que verán como se disminuyen sus horas de trabajo duran la semana. Cabe destacar que este acuerdo incluye también al personal estatutario y laboral correspondiente, según se ha mencionado.

¿Cuántas horas anuales se van a trabajar?

La modificación tiene un enfoque anual, y el acuerdo establece que «una jornada general de trabajo de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual es equivalente a 1.533 horas anuales».

¿Cuándo se aprobará?

El ministro Óscar López ha afirmado que el compromiso del Gobierno con los sindicatos es el de aprobar formalmente una resolución con la reducción horaria en 15 días, es decir, a principios de abril.

¿Cuándo entrará en vigor?

Una vez se establezca su aprobación formal, cada Ministerio, organismo y entidad perteneciente a la Administración General del Estado (AGE) tendrá que negociar la medida y adaptarla a los calendarios laborales correspondientes de su servicio público.

El acuerdo recoge que este compromiso «se llevará a cabo garantizando en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía». Por lo tanto, cada entidad deberá adaptarse a su manera a esta circunstancia.

En este sentido, la medida podría llegar a ser inmediata en algunos casos, mientras que en otros las negociaciones podrían atrasar la implantación efectiva del acuerdo. Un ejemplo de esto último se trata de la situación específica de las Instituciones Penitenciaras, que basan su organización en el trabajo por turnos.