Una empleada de hogar limpia la encimera de la cocina
Una de cada tres empleadas del hogar sigue sin cotizar pese a las reformas
Oxfam estima que el 32 % del sector trabaja sin alta en la Seguridad Social, pese a la ampliación de derechos y la creciente demanda de cuidados
El empleo doméstico sigue, en gran medida, al margen del sistema pese a la legislación aprobada en los últimos años. Al menos un 32 % de las trabajadoras del hogar y cuidados en España no está dado de alta en la Seguridad Social, el doble que en el conjunto del mercado laboral.
El sector, que supera las 565.000 personas ocupadas, ha sido objeto de varias reformas recientes. La extensión del acceso al desempleo, la cobertura del Fondo de Garantía Salarial o el reconocimiento de la prevención de riesgos laborales a través del Real Decreto 893/2024 han tratado de corregir la brecha con otros sectores.
Sin embargo, el impacto de estas medidas ha sido limitado. Un informe de Oxfam señala que los niveles de informalidad se han mantenido prácticamente estables durante la última década. En la práctica, esto supone que una parte relevante de la actividad sigue fuera del sistema de cotización, con efectos tanto sobre la recaudación como sobre la protección social de las trabajadoras.
En el sector, sin embargo, se produce una paradoja. Pese al aumento de la demanda –impulsada por el envejecimiento de la población y las carencias del sistema público de dependencia–, el número de afiliadas a la Seguridad Social no ha dejado de caer en los últimos años y se sitúa hoy en torno a las 350.000.
Como advierte el sindicato USO, «esto solo admite dos lecturas»: o el número de trabajadoras ha disminuido o una parte relevante del sector sigue operando al margen del sistema. A partir de las estimaciones de Oxfam, esto implicaría que en torno a 200.000 trabajadoras no están dadas de alta en la Seguridad Social.
A diferencia de otros ámbitos, la propia naturaleza del empleo doméstico dificulta su regularización. La actividad se desarrolla en domicilios privados, lo que limita la capacidad de inspección y control por parte de la Administración. A ello se suma el peso de colectivos con mayor vulnerabilidad laboral, como las trabajadoras extranjeras, que concentran una parte significativa del sector y presentan mayores tasas de informalidad.
La aprobación de medidas de protección para este colectivo, además, no ha logrado reducir los elevados niveles de informalidad, como advierte USO. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el sindicato señala que el sistema se limita en la práctica a una declaración responsable que, sin supervisión ni mecanismos efectivos de inspección, se convierte en un trámite burocrático.
«No hay que olvidar que una norma vigente por sí sola no garantiza su cumplimiento, sino que es necesario contar con garantías para que las trabajadoras del hogar accedan en igualdad de condiciones a sus derechos. En el caso de la prevención de riesgos laborales y de la salud en el trabajo de las empleadas del hogar, la ley y su desarrollo institucional han dejado muchos cabos sueltos», señala Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO.
