Red Eléctrica, el Gobierno y la CNMC fueron los responsables del apagón según la investigación del Senado

Red Eléctrica y su matriz, Redeia; el Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fueron los responsables del apagón masivo del pasado 28 de abril. Así lo considera la comisión de investigación del Senado, que ha hecho públicas sus conclusiones este miércoles, en una comparecencia de la senadora Alicia García Rodríguez.

Según la comisión, el cero energético «no fue un accidente imprevisible, sino el desenlace de una fragilidad estructural conocida con antelación». Una afirmación que la comisión de la Cámara Alta -convocada y presidida por el PP, partido que tiene mayoría absoluta la cámara- sustenta en que el sistema llegó a aquella fecha «con márgenes insuficientes», a pesar de los avisos de inestabilidad registrados en las semanas y meses previos. Todo ello sin que las instituciones que debían supervisar el riesgo y corregirlo «actuaran con la diligencia exigible».

«Podemos afirmar con toda rotundidad que los avisos se conocían tres meses antes», según Alicia García, quien ha recordado que los propios técnicos de Red Eléctrica advertían de oscilaciones «muy bestias» y que el sistema «podía quedarse a cero» ya el 31 de enero de 2025. «El problema no fue la falta de avisos, sino la falta de reacción a esos avisos», ha afirmado.

REE, «responsable operativa directa»

En concreto, el Senado considera a Red Eléctrica «responsable operativa directa», dado que es la encargada de mantener la seguridad del sistema y reaccionar ante problemas como los registrados en los meses previos al apagón, puestos de manifiesto en los distintos audios con conversaciones entre los técnicos del operador del sistema y las compañías eléctricas que se han conocido durante la investigación.

Dichos audios, según la comisión, constatan que Red Eléctrica «conocía el riesgo con antelación». A pesar de ello, la compañía que preside la ex ministra Beatriz Corredor «no impulsó ni desplegó a tiempo una respuesta suficiente en el plano preventivo, operativo y documental».

La comisión también atribuye responsabilidades al Ministerio de Transición Ecológica «por omisión en su deber de tutela, planificación y reacción ante señales de riesgo que eran suficientemente conocidas». El núcleo de dicha responsabilidad tiene que ver con la política del ministerio de establecer objetivos de despliegue renovables sin acompañarlos de seguridad operativa, fortaleza de red, capacidad síncrona, control de tensión y adaptación real del sistema.

En tercer lugar, el Senado también culpabiliza a la CNMC, «que conocía o debía conocer los riesgos estructurales y que no ejerció con la diligencia exigible sus competencias de actualización normativa, supervisión técnica e impulso corrector». Competencia «conocía o debía conocer los riesgos estructurales, y no ejerció con la diligencia exigible sus competencias de actualización normativa, supervisión técnica e impulso corrector».

Además de todo ello, los senadores reprochan tanto a Red Eléctrica como al Gobierno y a la CNMC su papel después del cero energético, llegando a acusarles de «desinformación institucional» puesto que sus comunicaciones «no ofrecieron una explicación neutra, objetiva y plenamente veraz de lo ocurrido».

Un ejemplo es que el Gobierno mantuvo la tesis del ciberataque «cuando los organismos implicados ya disponían o debían disponer de elementos suficientes para descartarla como causa real». En paralelo, los senadores denuncian «opacidad documental» y «retención de información» por parte de los actores implicados, que han dificultado que los afectados puedan ejercer sus derechos de reclamación. Esto ha supuesto además «un menoscabo de la rendición de cuentas democrática».

El documento incluye además dieciséis recomendaciones, entre las que destaca revisar el PNIEC -el plan energético del Gobierno- y posponer el calendario de cierre de las centrales nucleares. También acelerar el almacenamiento energético, que va muy retrasado, así como la flexibilidad de la red. En paralelo, la comisión pide institucionalizar comparecencias periódicas sobre seguridad del suministro «y evitar relatos públicos no sustentados técnicamente».

Asimismo urge a crear un régimen claro y accesible de información, compensación y reclamación para los afectados por interrupciones masivas en el suministro, e impedir que los costes extraordinarios derivados del apagón «se trasladen de forma opaca a hogares e industria», como ocurre actualmente con la operación reforzada mantenida por Red Eléctrica en los últimos once meses.