Logra una pensión vitalicia de 2.773 euros a los 37 años: la Justicia le da la razón frente a la Seguridad Social

La jubilación anticipada antes de los 40 años suele ser el sueño de muchos, pero para una trabajadora de Ciudad Real se ha convertido en una amarga realidad marcada por la enfermedad. Tras una intensa batalla judicial contra la administración, la Justicia le ha reconocido una pensión vitalicia de casi 2.800 euros mensuales debido a un estado de salud que le impide realizar cualquier tipo de actividad laboral con un mínimo de constancia.

La mujer padece encefalomielitis miálgica, una patología neurológica grave conocida popularmente como síndrome de fatiga crónica. Sus síntomas incluyen un agotamiento extremo que no remite con el descanso, dolores de cabeza persistentes, dificultades de concentración y una hipersensibilidad a la luz que condiciona su vida diaria.

A pesar de que los informes médicos acreditaban que sus fuerzas apenas le permiten cubrir su higiene personal, la Seguridad Social rechazó inicialmente su solicitud de incapacidad al considerar que sus dolencias no eran un impedimento para seguir desempeñando sus funciones habituales frente a un ordenador.

Los tribunales frente a la administración

Ante la negativa del organismo público, la afectada elevó el caso a la justicia. Un juzgado de Ciudad Real fue el primero en darle la razón tras analizar las pruebas periciales que confirmaban que la paciente ni siquiera puede conducir o salir a la calle de manera autónoma.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ratificó la sentencia tras el recurso de la Seguridad Social, otorgándole la incapacidad permanente en grado absoluto. Los magistrados concluyeron que es humanamente imposible exigir a una persona con una salud tan frágil que mantenga el rendimiento y el esfuerzo que requiere cualquier puesto de trabajo actual.

Una pensión máxima garantizada de por vida

La sentencia firme supone un alivio económico importante para la trabajadora, ya que tiene garantizado el cobro del 100 % de su base reguladora. Esto se traduce en una pensión mensual de casi 2.800 euros, la cuantía máxima permitida por el sistema público.

Aunque la Seguridad Social todavía dispone de una última oportunidad de recurso ante el Tribunal Supremo, la claridad de los hechos probados y el respaldo de dos tribunales previos dejan a la administración con muy poco margen de maniobra frente a un caso que visibiliza la dureza de las enfermedades invisibles.