Bélgica embarga 840 millones en tasas aéreas a España por los impagos de las renovables

Bélgica ha embargado 840 millones de euros a España por los impagos de los laudos arbitrales presentados tras el recorte retroactivo de las ayudas a la inversión en energías renovables aprobadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y recortadas posteriormente por su Ejecutivo y por el de Mariano Rajoy.

Los fondos provienen de la recaudación en tasas correspondientes a Enaire, el gestor de navegación aérea de España, por la gestión del tráfico. La recaudación la realiza Eurocontrol, organismo con sede en Bruselas.

La cifra ha escalado notablemente en los últimos meses: en enero eran 482 millones. La cuantía se ha bloqueado para hacer frente a distintas órdenes de embargo acumuladas por varios casos, en particular los de Eurus Energy, empresa japonesa del Grupo Toyota; RREEF y Operafund.

La gran novedad, explican desde el equipo jurídico de los demandantes, es que España, a través de la Abogacía del Estado, se ha avenido a consignar las cantidades reclamadas en una cuenta de depósito judicial en Bélgica, un procedimiento conocido en argot jurídico como escrow.

La maniobra, afirman, busca reducir el importe sujeto a embargo hasta los 250 millones de euros. «El mero hecho de ofrecerse a realizar esta consignación a cambio de liberar los 840 millones retenidos debilita los argumentos de inmunidad esgrimidos por España», afirman las fuentes.

Siempre según los demandantes, esta decisión socava el argumento que ha esgrimido España para no pagar hasta ahora las sucesivas condenas arbitrales, 27 hasta la fecha: que se trataría de ayudas de Estado ilegales. Una tesis respaldada por la Comisión Europea tras el aterrizaje, el año pasado, de Teresa Ribera en la vicepresidencia.

En los últimos meses los reclamantes han encajado un rosario de resoluciones judiciales favorables, tanto en Europa como en EE.UU. y en Australia. La última, la autorización de la Justicia holandesa para embargar la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, también por el caso Eurus. La intención del equipo jurídico es sacar a subasta dicho inmueble, valorado en diez millones de euros.

En paralelo, siete sentencias judiciales en EE.UU. han impuesto a España la obligación de pagar cerca de 700 millones de euros en indemnizaciones. Solo la decisión última del Tribunal Supremo del país, que está a la espera de un dictamen de la Administración Trump, frena por ahora que se produzcan embargos en aquella jurisdicción.

Los demandantes, sin embargo, ya han puesto en el punto de mira diversas propiedades y cuentas de España en el país, incluyendo la próxima participación de la Selección Española en el Mundial de este verano y los pagos asociados.

Mientras tanto, también la justicia británica, la australiana y la de Singapur han fallado en contra de los intereses españoles. Las fuentes recuerdan que ya hay vigente un embargo cautelar sobre varias cuentas de España en el país y sobre la sede del Instituto Vicente Cañada Blanch en Londres, que podría pasar a ser permanente tras una decisión del Supremo británico del pasado marzo. En Reino Unido además un juez ha elevado hasta el 8 % los intereses de demora atribuibles ante los impagos de España.

Hasta la fecha, y siempre según los demandantes, España ha encajado fallos contrarios por valor de 1.754 millones de euros, a los que hay que sumar otros 547 millones en concepto de intereses de demora, y casi cien mil euros en nóminas de abogados y consultores contratados por España.

Solo en una ocasión el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con unos demandantes: fue el año pasado con la japonesa JGC. Este acuerdo «sirve como modelo para zanjar este asunto», afirman los demandantes. «La mano está tendida por parte de los acreedores, pero la sucesión de incumplimientos obliga a que las empresas sigan avanzando».