Hacienda se escuda en cambios que coló durante la pandemia para reincidir en el desvío de fondos europeos

La arquitectura trazada por Hacienda para justificar el desvío de fondos europeos para el pago de gastos ordinarios en 2024 abre la puerta a que la maniobra se repita también en los ejercicios de 2025 y 2026.

Según se conoció esta semana por un informe del Tribunal de Cuentas, en 2024 se autorizaron modificaciones presupuestarias por importe de 2.389,4 millones de euros para el pago de pensiones de Clases Pasivas y complementar las pensiones mínimas de la Seguridad Social.

Estos fondos procedían «de bajas en créditos inicialmente destinados a programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)», a pesar de que Bruselas prohibió destinar a gasto corriente los importes de estas ayudas, concebidas para impulsar la transformación de la Economía.

Desde el Ministerio, en las alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, se defiende la legalidad de este movimiento amparado en que dichos fondos se utilizaron para financiar otras partidas pero no para su ejecución; y en que el Real Decreto-ley 36/2020 y el artículo 9 de la Ley 31 / 2022 de la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 habilita las transferencias entre partidas a propuesta del ministro o ministra del ramo.

El argumento de Hacienda para poder transferir los fondos sería también aplicable a los ejercicios de 2025 y 2026, dado que las cuentas de 2023 permanecen prorrogadas ante la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno para presentar un nuevo proyecto presupuestario.

El Real Decreto-ley 36/2020, aprobado en plena emergencia por el coronavirus, establece, en su artículo 37.2, que «el Gobierno podrá acordar las transferencias de los citados créditos entre secciones en orden a garantizar una correcta absorción del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia». Según la Secretaría de Estado de Presupuestos, este texto legal ya previó «un supuesto de transferencias entre secciones, al señalar que el Gobierno podría autorizar las transferencias de los citados créditos entre secciones en orden a garantizar una correcta absorción del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

Pero la gran plataforma para la discrecionalidad en el uso de las ayudas europeas se incluyó en las cuentas del 2023, las últimas aprobadas en la anterior legislatura, por una mayoría parlamentaria que ya no existe.

En su artículo 9, la prorrogada Ley de Presupuestos habilita al titular de Hacienda «las transferencias de crédito entre secciones, sin exclusión de ninguna de ellas ni de ningún servicio, atribuyendo su competencia al Gobierno y con el único requisito de que sean para atender necesidades ineludibles». Es decir, bastaría que el ministro de Hacienda, hasta marzo María Jesús Montero y ahora Arcadi España, considere un gasto como ineludible para que se puedan autorizar transferencias entre partidas sin cortapisas.

No solo eso, sino que el artículo 2 incluye también las Transferencias de crédito entre distintas secciones que afecten a los servicios 50 Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 51 Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (React-EU).

«A estas transferencias de crédito no les resultarán de aplicación las restricciones recogidas en el artículo 52.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria», la legislación que en legislaturas anteriores dificultaba enormemente que un Ejecutivo pudiera sobrevivir sin nuevos Presupuestos. «Una auténtica barbaridad que lleva vigente cuatro años», a juicio de economistas consultados por este periódico.

Cabe recordar que, en febrero, el Congreso aprobó una proposición de Ley del PP, con apoyo de Junts y PNV, para tratar de acabar con esta fórmula. Un mecanismo que, a entender del PP, «es una puerta trasera para escapar al control presupuestario y va en contra del propio espíritu de la Ley General Presupuestaria (LGP)».

Preguntados por los desvíos en los ejercicios de 2025 y 2026, desde el Ministerio remiten a las modificaciones presupuestarias comunicadas al Congreso y aprobadas por el Consejo de Ministros.

«No comprometen el Plan»

El Gobierno insiste en que estos desvíos «no comprometen el cumplimiento del Plan de Recuperación y Resiliencia». Sin embargo, el propio Tribunal de Cuentas considera que «la actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados».

Una expresión muy rebajada respecto al redactado inicial y que, según uno de sus consejeros, Javier Morillas, «es ambigua (...) de modo que el lector no acaba de comprender cuál es el pronunciamiento. «[Sin embargo] las normas al respecto son claras y lo que se debe manifestar es que los fundamentos utilizados no son sólidos, lo que implica que son insuficientes».