La presidenta de los inspectores de Hacienda: «Las cesiones a Cataluña continúan, no están en stand by»

Ana de la Herrán preside desde 2023 la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, IHE. Atiende a El Debate pocas horas después del acuerdo entre PSC y ERC para reforzar, con 527 millones de euros, la Agencia Tributaria de Cataluña.

– ¿Se continúa avanzando hacia la partición de la Agencia Tributaria?

– No tenemos ninguna duda. Ésta es una noticia especialmente grave para nosotros, que llevamos mucho tiempo alertando de esto. Ya en el año 23 se habló de reconocer la singularidad fiscal de Cataluña, en 2024 se firmó el pacto para investir a Illa y posteriormente se desarrolló con dos normas que parecen que han pasado desapercibidas: el decreto 142 / 2025 y el decreto ley 15 / 2025. Ahora estas dos normas despliegan todos sus efectos con esta cesión para reforzar la Agencia Tributaria catalana. No es una cosa que nos haya extrañado; el tema no está en stand by. Se está trabajando en ello reforzando las infraestructuras propias del Estado: dinero para el catalán, para reducir la presencia del Estado en las zonas francas… hay muchas normas que lo que conducen es a reforzar esa independencia.

– ¿Supone alguna ventaja para el ciudadano que las autonomías participen en mayor medida en la recaudación de todos los tributos?

– Está probado que todo lo que suponga fragmentar es peor. En las autonomías de régimen foral, las tres provincias vascas y Navarra, supone un coste tremendo para el bolsillo del ciudadano. Todo lo que sea dividir genera ineficiencias y, además, genera opacidad y peligro para luchar contra el fraude fiscal. No hay cosa más insolidaria que recaudar cada comunidad autónoma lo suyo y luego decidamos en base a no se sabe qué reparto. Para empezar, unas comunidades autónomas necesitan más que otras, eso es evidente. Además, nosotros ni siquiera pagamos en términos de comunidades, pagamos en términos de personas. Cuando hablas de los territorios, parece que el tema se diluye. Y aquí hay una serie de personas que están en unos sitios que tienen unas necesidades mayores que otras. Si a uno le sobra, pues lo normal es que haya un reparto. Para eso están los impuestos, para redistribuir la renta y la riqueza. Desde el punto de vista de la recaudación, sería absolutamente demoledor para el bolsillo del ciudadano. Y en segundo lugar, desde ese punto de vista de la ineficiencia, que es lo que nosotros advertimos, ya no solo en la lucha contra el fraude fiscal, se pueden perder muchos millones de euros. Esto se ve en países que están muy fragmentados. Y, como digo, dentro de España, con el territorio común y los territorios forales. Si tú tienes una administración fragmentada, todo lo que implique realizar las declaraciones, presentarlas y agilizar las devoluciones como ahora se está haciendo, toda esa agilidad la pierdes. El ejemplo clásico que siempre hemos puesto es el de un contribuyente que reside en Córdoba y que, por ejemplo, pongamos el ejemplo de que trabajara para una empresa cuya residencia fiscal está situada en el territorio de Cataluña. Como estamos hablando de varias administraciones, no de una, no ofrece ningún tipo de ayuda a la hora de ganar en eficiencia.

– ¿Cuál es su propuesta?

– Nosotros lo que proponemos es que todo eso, esta base de datos única, esa información pública, esa recaudación única, se realice por la Agencia Tributaria y luego se haga el reparto en función de una financiación. Ya vemos que los políticos no se ponen de acuerdo, pero eso no tiene por qué sufrirlo el ciudadano. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y hacer un reparto financiero que sea en función de las necesidades de cada uno de los territorios y de los servicios públicos que se ofrecen en cada uno de los territorios. Pero, evidentemente, lo que se está avanzando en Cataluña, pues va en detrimento de los ciudadanos y sobre todo de los más, los más desfavorecidos, que son los que van a sufrir más las consecuencias.

– ¿El cupo catalán es compatible con el actual sistema autonómico?

– No, en absoluto. El sistema actual tiene dos situaciones. Para las forales es un régimen especial auspiciado por la Constitución. Recaudan todos los impuestos y luego aportan con el cupo. Cataluña pretende eso, pero no puede porque está dentro del régimen común, recogido por la LOFCA, y en las leyes posteriores. Si quieren modificar ese reparto, lo primero que tienen que hacer es modificar el sistema de financiación, y deben hacerlo siguiendo las normas del ordenamiento jurídico: modificación de la Constitución y de la Ley Orgánica. Para eso hacen falta unas mayorías y no hacer saltar por los aires el actual sistema.

– ¿El nuevo ministro continúa impulsando el cupo? ¿Cómo es la interlocución con Arcadi España?

– La agenda sigue igual. No se ha dicho lo contrario. En un tema que afecta a todos los ciudadanos de España. Lo que se dé a Cataluña habrá que financiarlo de alguna manera. Resulta más que sorprendente que no se haya dicho ni una palabra de algo que ya se sabía: este pacto para la cesión a Cataluña el Gobierno ya lo tenía que saber. Nos parece que ha sido de una opacidad tremenda enterarnos el día después de las elecciones en Andalucía. Creemos que seguirán en la misma línea. Las funciones de la AEAT no se pueden fragmentar porque eso va en detrimento de los ciudadanos. Al menos que sean honestos y lo pongan encima de la mesa porque son datos objetivos. Todos los funcionarios de la AEAT tenemos plena conciencia de ello.

– Tras ocho años, Shakira ha ganado una batalla a Hacienda. La sentencia es muy dura y obliga a devolver a la cantante 60 millones de euros. ¿Cree que supondrá un antes y un después? ¿Es un caso puntual o puede afectar a más celebridades?

– Es un tema con el que se ha tergiversado mucho. No podemos opinar sobre contribuyentes en concreto; como asociación, no nos manifestamos. Lo único que puedo decir es que la noticia ha vuelto a servir para poner el foco en algo equivocado: hay una especie de manía persecutoria de la agencia a los contribuyentes. Es una crítica infundada. Se pone el foco en los inspectores de Hacienda, de que cobramos comisiones de nuestro trabajo que luego no se devuelven… eso es absolutamente falso. Nosotros podemos ser críticos con margen de mejora de nuestro trabajo, pero en derecho dos y dos nunca son cuatro. Esto lo único que significa es que hay garantías para el contribuyente, y el sistema funciona. Hay mecanismos y elementos de prueba que permiten la legítima defensa. Esta sentencia en cualquier caso aún puede recurrirse. Pero es muy peligroso arrojar esa sombra de sospecha sobre el colectivo. Hay muchos funcionarios que cobran de su trabajo, no solo los inspectores. Nos habríamos retirado hace ya muchos años si cobráramos a comisión. Es muy injusto generar una peligrosa sombra de duda porque el ciudadano va a desconfiar de cualquier cosa, se haga bien o mal.

– ¿Van a cobrar los bonus los inspectores de Shakira?

– Para empezar, no cobramos bonus. En absoluto van a cobrar bonus por el tema de Shakira. Influyen muchísimas variables. Pero es una suerte que no todos los funcionarios cobren lo mismo. Hay muchísimos criterios que influyen a la hora de cobrar productividad. Una parte muy pequeña es la cuantía. Pero hay una serie de parámetros públicos a la hora de cobrar nuestro sueldo, y menos mal que lo cobramos así; me tranquiliza como ciudadana que un inspector que se rasca la barriga no cobre igual que otro que hace bien su profesión.

– ¿Casos como el de Montoro o la dimisión del presidente del TEAC, Marco Sanjuán –que desveló El Debate–, afectan al prestigio de la institución?

– No hacemos valoraciones de casos judicializados. Nosotros partimos de la presunción de inocencia y comportamiento correcto, y si hubiera alguna condena, sería absolutamente reprochable. Si en su caso hubiera sentencia, afectará al prestigio. Esto nos preocupa como a cualquier ciudadano. Nosotros procuramos hacerlo lo mejor posible, y hay una profesionalidad y unas garantías, y a veces ocurren estas situaciones.

– La recaudación continúa batiendo récords. ¿Qué papel está jugando en ello la mejora de la eficiencia por parte de la administración tributaria?

– Ha habido una mejora en la eficiencia, por supuesto. Se realiza mejor el trabajo, hay más control en lo que antes pues a lo mejor no se conocía. Ahora también hay más obligaciones de información que ayudan sin duda a mejorar en eficiencia. Pero algo muy evidente es que no se ha deflactado la tarifa. Pero eso ya es una cuestión del Gobierno, que lo sabe perfectamente, ajustándolo al nivel de vida de los ciudadanos españoles, entre los cuales me encuentro. Algunas comunidades autónomas han deflactado la parte de la Comunidad autónoma, pero la del Estado es exactamente igual. Y eso supone, pues, un aumento en los niveles de recaudación que estamos observando.