Anuncio del Ministerio de Vivienda
Vivienda echa la culpa del fracaso de su Ley de Vivienda a las comunidades del PP y a Page
Los datos demuestran que la destrucción de oferta ha sido mayor en las regiones donde se ha aplicado
El Ministerio de Vivienda ha estrenado un nuevo anuncio justo tres años después de que el Gobierno aprobase la Ley de Vivienda. En él se echa la culpa del fracaso de esta normativa a las comunidades autónomas que todavía no la han aplicado, es decir, las del PP, y Castilla-La Mancha, liderada por el socialista Page.
La parte de esta ley que solo se puede aplicar si las regiones así lo quieren es limitar los precios del alquiler, a través de la declaración de las zonas de mercado tensionado. Y justo en este anuncio también asegura que allí donde se aplica está funcionando.
Pero la realidad es bien distinta. Desde su aprobación la oferta se ha reducido en un 30 %, según datos del portal inmobiliario Idealista. Además, en las capitales de provincia donde se ha impuesto el límite de alquileres, el efecto de la normativa ha sido mucho mayor. La mayor caída se ha producido en Barcelona, donde el alquiler residencial disponible se ha reducido un 69 % en estos tres años. Entre los mercados con precios topados, le sigue Bilbao (-60 %), Pamplona y San Sebastián, que comparten una caída del 58 %. A continuación, están Tarragona (-53 %), Lérida (-47 %), La Coruña (-45 %), Gerona (-44 %) y Vitoria (-26 %), que es la capital tensionada con menor reducción de oferta.
La reducción de la oferta conlleva mayor competencia entre los inquilinos por acceder a una vivienda. El número de demandantes se ha multiplicado por más de dos, pasando de 19 contactos por cada anuncio que se publicaba a 41. Eso sí, en las zonas tensionadas ha sido por más de tres.
Con la única excepción de Guadalajara (127 familias), los mercados intervenidos copan las posiciones más altas relativas a la competencia por cada vivienda. Son Vitoria (125 familias por anuncio), Pamplona (110 familias), Barcelona (99 familias) y Lérida (93 familias).
El desfase entre la oferta y la demanda se ha traducido en un incremento considerable de los precios. Antes de la aprobación de la Ley de Vivienda, un piso medio de 80 metros cuadrados costaba 920 euros al mes. Ahora se sitúa ya en torno a los 1.200 euros, lo que supone un encarecimiento de más de un 30 %, pero hay territorios en los que estos datos son aún mayores.
