Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrelavega.
El Gobierno desarma a los interventores municipales y da vía libre a los alcaldes para purgar a sus auditores
Moncloa camufla en el decreto de las entregas a cuenta la eliminación del control estatal previo, y deja vía libre a las destituciones discrecionales en las grandes ciudades
Nueva maniobra de fontanería legislativa del Gobierno para intervenir el cuerpo de funcionarios con habilitación nacional. Aprovechando el real decreto de actualización de las entregas a cuenta, Moncloa ha despojado a los funcionarios de la Administración Local con habilitación nacional –especialmente interventores y tesoreros– de la protección estatal que impedía las destituciones arbitrarias por parte de los alcaldes. En un momento en el que no dejan de aflorar casos de corrupción institucional, el Ejecutivo debilita uno de los principales cuerpos de fiscalización del gasto público a nivel local.
El Gobierno aprobó el martes el Real Decreto-ley 13/2026 por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial, un texto que no es más que la actualización de las entregas a cuenta correspondientes a 2026 articulada a través de esta fórmula por el bloqueo presupuestario. Pero lo escandaloso del movimiento es que la reforma incorporó una modificación del artículo 92 bis.6 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local relativa al régimen de designación y cese de los puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Hasta ahora, destituir a un interventor o a un tesorero nombrado por libre designación exigía un control previo y preceptivo por parte del Estado. Esta garantía funcionaba como un escudo legal para aquellos funcionarios que rechazaban dar su visto bueno a expedientes municipales de dudosa legalidad. Con la nueva regulación, el control estatal desaparece y se sustituye por una mera comunicación a posteriori, lo que deja la permanencia del cuerpo de habilitados nacionales a expensas de la voluntad del alcalde.
«Este cambio supone un claro debilitamiento del sistema de control interno municipal», señalan desde la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Apsital). «Es una función pública necesaria, técnica e independiente, dirigida a garantizar la legalidad, la correcta utilización de los fondos públicos, la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la protección del interés general», añade la asociación.
La reforma abre también la puerta a la discrecionalidad en la cúpula de los municipios al permitir que todos los órganos directivos se cubran por libre designación. Esta medida afecta de lleno a los grandes ayuntamientos, donde los coordinadores generales y los directores generales de cada área o concejalía podrán ser elegidos a dedo, restando peso a los criterios de mérito y capacidad profesional.
Control municipal
Resulta llamativo que el Gobierno haya decidido debilitar la fiscalización municipal precisamente en pleno estallido de investigaciones por corrupción institucional. El pasado año, el Grupo Popular en el Senado presentó una proposición de ley para blindar a los secretarios exigiendo autorización estatal para su nombramiento e informe preceptivo para su cese, equiparándolos con las garantías que ya tenían los interventores.
Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por el camino inverso, eliminando las garantías para interventores y tesoreros, y abriendo las puertas de los grandes ayuntamientos a la libre designación y la discrecionalidad política.
Y no es la primera vez que utiliza una maniobra legislativa para salirse con la suya. El pasado año, el Gobierno aprovechó la aprobación del decreto del sistema de facturación Verifactu para incluir la cesión a la Generalitat de Cataluña de las competencias de selección y adscripción de estos mismos funcionarios.
