Yolanda Díaz borra los registros de Trabajo para ocultar un aumento de 530.000 parados
No soy jurista, pero la estadística pública no se puede modificar de forma discrecional ni es admisible eliminar datos de un anuario con más de veinticinco años de historia
Escribo este artículo apenas veinticuatro horas después de haber publicado en este diario que hay más personas cobrando el paro que parados, y tras recibir por parte de Unai Mezcua, jefe de la Sección de Economía de El Debate, la referencia publicada por el diario El Economista que confirma que Yolanda Díaz ha borrado a los fijos discontinuos del Anuario de Estadísticas Laborales.
No soy jurista, pero la estadística pública no se puede modificar de forma discrecional ni es admisible eliminar datos de un anuario con más de veinticinco años de historia, dado que recopila una serie de información oficial fundamental para el análisis económico. Para alterar dicha información, se deben cumplir al menos dos requisitos clave. Por un lado, debe explicarse el motivo por el cual se suprime. Por otro, de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas (CoP) –adoptado por Eurostat y de obligado cumplimiento para los institutos nacionales de estadística y los servicios sectoriales–, se deben respetar los principios de imparcialidad y objetividad, metodología sólida y accesibilidad y claridad. Por tanto, cualquier cambio estructural tendría que haberse comunicado con anterioridad a su eliminación.
Nadie ha avisado de que se iba a suprimir esta información esencial del anuario. Se ha actuado con nocturnidad y alevosía. Si estas estadísticas se remiten a Eurostat, la agencia comunitaria debería tomar cartas en el asunto de forma inmediata. Parece evidente que Yolanda Díaz, antes de marcharse y dejar la política, ha decidido borrar todas las huellas posibles de lo que constituye una auténtica «malversación» estadística de las cifras oficiales del desempleo.
Tras la entrada de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil y en la sede del Partido Socialista, la titular de Trabajo habría optado por borrar –al estilo del anterior fiscal general del Estado, reprobado por el Supremo– cualquier rastro de la mayor manipulación histórica del paro. Excluir a los fijos discontinuos del cómputo general ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez sostener un relato triunfalista que habría sido inviable con una tasa real de desempleo cercana al 14 %.
Aunque ya no queda ni un solo dato oficial sobre los fijos discontinuos en el documento actual, porque se ha eliminado la única tabla que los desglosaba, la ministra pasa por alto que algunos analistas guardamos copias de los registros históricos. Además, al departamento de Trabajo se le ha olvidado borrar los anuarios de ejercicios anteriores. Con los datos que su propio ministerio publicó en su momento y los que descargamos previamente, queda demostrado que la situación laboral dista mucho de la propaganda oficial.
En el anuario estadístico existe un apartado denominado «Demandas de empleo no incluidas en el paro» –localizado en la pestaña MLR-18 del Movimiento Laboral Registrado–. En el año 2018, España contaba con 1,292 millones de demandantes de empleo excluidos de las listas del paro, de los cuales 932.084 eran ocupados con relación laboral y, entre ellos, 223.978 constaban como fijos discontinuos. Es decir, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya utilizaba este subterfugio contable.
Sin embargo, observemos cómo cerró 2024, el último ejercicio en el que se desglosó esta figura. La cifra de demandantes no ocupados alcanzó los 1,720 millones de personas; un 33,1 % más de desempleados ocultos que solo figuran en la letra pequeña del anuario. De ese total, 687.884 eran fijos discontinuos. En comparación con 2018, esto supone 427.447 parados más sin contabilizar, provocados por el incremento de 463.907 fijos discontinuos.
Por esta razón, la vicepresidenta segunda ha decidido borrar el rastro de este colectivo. Con todo, el balance macroeconómico le sigue saliendo cruz: a cierre de 2025, existen 1,823 millones de personas que no se suman al paro oficial, una cifra que es un 6 % superior a la de 2024 y un 41,1 % más elevada que la de 2018.
La categoría explícita de los fijos discontinuos ya no existe en el nuevo informe, pero el Ministerio se ha visto obligado a diluir sus cifras dentro del apartado de «otros ocupados» –que crece en 332.135 personas– y en la nueva rúbrica de «ocupados en el Régimen General y Autónomos», que suma 423.515 efectivos. Al no detallarse la cifra exacta de trabajadores por cuenta propia en esa sección, resulta imposible fiscalizar cuántos fijos discontinuos reales hay en la estadística actual.
Lo que sí es incuestionable, porque lo admite el propio Ministerio, es que existen 1.823.129 personas que no computan como paradas, pero que reúnen las condiciones para serlo, ya que la propia administración las define como demandantes de empleo no incluidos en las cifras oficiales. Si esta ocultación deliberada no es una «malversación» estadística, quien escribe estas líneas no es abuelo de tres hermosas nietas. Y si este escándalo no provoca que la UCO inspeccione el Ministerio de Trabajo, al menos debería exigir que la oposición parlamentaria formule preguntas inmediatas de máxima gravedad al respecto.
