El limbo de la macroagencia de Yolanda Díaz: tres años de promesas atrapadas en el SEPE

La Ley de Empleo incluía la creación de una Agencia Española del Empleo que sustituiría al actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Tres años después de la entrada en vigor de la norma, sin embargo, la materialización de este nuevo organismo sigue estancada. Desde el Ministerio de Trabajo niegan que existan «impedimentos», pero reconocen la complejidad del proceso. Con la aprobación de los presupuestos generales bloqueada y la renuncia de Yolanda Díaz a repetir como candidata electoral, la viabilidad del proyecto para esta legislatura queda seriamente comprometida.

El objetivo del Gobierno era dotar al sistema de una mayor agilidad a través de un organismo con personalidad jurídica propia y una tesorería independiente que le permitiría actuar con más rapidez que bajo una estructura ministerial rígida. Además, esta Agencia serviría de nodo central para conectar con las distintas comunidades, creando un mercado de vacantes transparente y coordinado a nivel nacional.

El nuevo diseño pretendía cambiar el enfoque hacia las políticas activas de empleo. La ley buscaba garantizar por primera vez una cartera de servicios individuales para cada ciudadano, lo que incluía la asignación obligatoria de un tutor de empleo y la elaboración de perfiles de empleabilidad personalizados mediante herramientas de inteligencia artificial y análisis masivo de datos.

Pero, además de las buenas intenciones, la ley establece la creación de varias estructuras que convierten a la Agencia en un caramelito a la hora de devolver favores políticos. La Oficina de Análisis del Empleo se constituye como un órgano de asesoramiento especializado en la investigación, el análisis prospectivo del mercado de trabajo, la evaluación del impacto de las políticas de empleo y la detección de nuevas necesidades de cualificación profesional.

También se institucionaliza la creación de los llamados Centros COE, una red que incluirá la apertura de un centro de ámbito estatal y otros veinte repartidos por toda España, garantizando al menos uno por cada comunidad autónoma, además de Ceuta y Melilla.

La financiación de estos espacios corre a cargo de transferencias del Estado y fondos europeos. Aunque la ley los define como «espacios de innovación y pilotaje de nuevas metodologías» para mejorar la orientación y el empleo juvenil, su puesta en marcha implica un desembolso millonario en sedes físicas, recursos tecnológicos y personal especializado para replicar funciones que ya realizan las oficinas de empleo autonómicas.

Por último, la ley también apunta a la creación del Foro del Empleo, un órgano de participación en el que se sentarán sindicatos, patronales y miembros de las distintas administraciones. Si bien no tendrá una sede física, supondrá un consumo de recursos en concepto de dietas, organización y secretaría técnica.

Laberinto contable

En su artículo 16, la norma determina que el presupuesto de la Agencia Española de Empleo estará integrado en el presupuesto del Estado de manera diferenciada. Esto significa que la Agencia no se financiará exclusivamente con el remanente o las cuentas ordinarias del actual SEPE –que rozan los 27.800 millones de euros–, sino que sus ingresos provendrán de diversas vías presupuestarias.

Por un lado, se encuentran las dotaciones específicas que se consignen anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. La ley blinda así la posibilidad de inyectar más fondos públicos adicionales a los que ya manejaba el SEPE para sostener el nuevo entramado.

Por otro lado, se adscriben los fondos provenientes de la Unión Europea. La creación de la Red de Centros COE y la Oficina de Análisis del Empleo se ha apoyado de forma directa en los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que implica que el coste inicial y de despliegue de estos nuevos organismos no se detrajo del presupuesto ordinario de las prestaciones del SEPE, sino que supuso una vía de financiación paralela y finalista. A todo ello se sumarán las transferencias que reciba de otras administraciones públicas y los ingresos propios derivados de sus actividades, convenios o tasas.

Bloqueo presupuestario

La viabilidad financiera de este entramado institucional dependía obligatoriamente de la aprobación de unas nuevas cuentas públicas que dieran cobertura legal a la estructura de personal y sufragasen el gasto corriente de las sedes. Aunque el despliegue inicial de la Red de Centros COE se financió de forma extraordinaria con los fondos europeos, estas ayudas comunitarias son de carácter finalista y no pueden utilizarse para costear el mantenimiento ordinario ni los salarios.

Al mantenerse la prórroga presupuestaria, la normativa que regula la prórroga presupuestaria impide modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para crear las plazas de la nueva Agencia o habilitar créditos para una tesorería independiente que carece de una línea de ingresos y gastos aprobada por las Cortes.

Díaz, en segundo plano

A esa situación se une el paso a un segundo plano de Yolanda Díaz. Desde que anunciara su renuncia a presentarse a unas nuevas elecciones generales, la gallega ha mantenido un perfil más discreto de lo que acostumbra y está más centrada en que se apruebe el registro horario antes del verano. En un escenario cada vez más complicado para el Gobierno, parece difícil que esta Agencia vea la luz esta legislatura.