PSOE y PP frenan la reforma que reclama casi un millón de jubilados: «Llevamos doce años esperando»

La reforma para eliminar los coeficientes reductores a las personas que se jubilan anticipadamente después de haber cotizado más de 40 años ha vuelto a quedar bloqueada en el Congreso. PSOE y PP votaron este jueves en contra de una enmienda de Podemos que pretendía introducir esta medida en la ley de pasarela al RETA para mutualistas, una decisión que llega apenas ocho meses después de que esta reivindicación recibiera el respaldo del PSOE y la abstención del PP en el Congreso.

Los afectados, agrupados en la asociación Asjubi40, han expresado su malestar por un resultado que consideran incomprensible después de años de movilización y de una votación parlamentaria previa favorable a sus demandas.

El rechazo se produjo durante la tramitación de la ley que permitirá a determinados profesionales colegiados trasladar sus derechos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Podemos aprovechó el debate para presentar una enmienda destinada a eliminar las penalizaciones que sufren quienes acceden a la jubilación anticipada tras haber acumulado más de cuatro décadas de cotización.

La propuesta no salió adelante debido al voto en contra de PSOE y PP. Vox optó por la abstención, mientras que el resto de grupos apoyó la iniciativa, incluidos Sumar, Junts, Coalición Canaria y UPN.

La votación llega apenas ocho meses después de que el Congreso aprobara una moción impulsada por Podemos que reclamaba precisamente estudiar la eliminación de estos coeficientes reductores para trabajadores con largas carreras de cotización. Entonces, el PSOE votó a favor y el PP se abstuvo.

Preguntado por el contraste entre la votación de noviembre y la de este jueves, el Grupo Socialista sostiene que la diferencia radica en la naturaleza de la iniciativa. «Se votó en una iniciativa sobre ello, pero en este caso era una enmienda no relacionada directamente con la ley. Pero no hay oposición en abrir el debate sobre esta cuestión», explican fuentes socialistas a este periódico.

Desde el Grupo Popular arguyen razones similares. «No hemos cambiado de opinión, sino que estudiaremos el tema en la iniciativa correspondiente cuando se debata en el Congreso», señalan fuentes populares. El partido considera que la propuesta se incorporó a una norma ajena a esta materia mediante una de las denominadas «enmiendas intrusas», habituales en la jerga parlamentaria para referirse a modificaciones introducidas en textos legislativos sin relación directa con su objeto principal. Según el PP, apoyar la medida habría puesto en riesgo la aprobación de la propia ley del RETA. «Ese asunto tendrá su lugar y su momento», añaden.

Años de espera

Las explicaciones no convencen a los afectados. El vicepresidente y portavoz de Asjubi40, Santiago Menchero, reconoce que el resultado ha supuesto una «desilusión bastante grande» para un colectivo que calcula en unas 900.000 personas los potenciales beneficiarios de la reforma. «Después de apoyar una moción el 13 de noviembre sin ningún voto en contra y con el voto favorable del PSOE, del presidente del Gobierno y de todos los partidos que están gobernando, nos ha chocado mucho este resultado», afirma.

Menchero también cuestiona el argumento utilizado por PSOE y PP para justificar su rechazo. «Nos dicen que no era el momento o que no era el vehículo adecuado, pero llevamos doce años esperando. Ya no sé cuándo tiene que ser el momento», lamenta.

Parte del malestar del colectivo se concentra en la actuación del PSOE durante el debate. Asjubi40 reprocha a los socialistas haber defendido desde la tribuna argumentos muy próximos a los que la asociación lleva años reivindicando para, acto seguido, votar en contra de la reforma.

La asociación recuerda además que el Congreso ha aprobado en otras ocasiones modificaciones incorporadas mediante enmiendas a leyes cuya materia principal era distinta, como ocurrió recientemente durante la tramitación de una norma relacionada con el bienestar animal, por lo que considera insuficiente la explicación ofrecida por los dos grandes partidos.

Una factura de 3.358 millones

El principal obstáculo para la reforma sigue siendo su impacto económico. Según las estimaciones realizadas por el propio Ejecutivo, eliminar las penalizaciones para las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados tendría un coste anual de 3.358 millones de euros. De esa cantidad, 1.345 millones corresponderían a jubilaciones anticipadas voluntarias y otros 2.013 millones a jubilaciones anticipadas involuntarias.

El colectivo afectado considera, sin embargo, que la medida corregiría una situación injusta para trabajadores que comenzaron su vida laboral a edades muy tempranas y que, en muchos casos, acumulan más años cotizados que quienes acceden a la jubilación ordinaria sin ningún tipo de reducción en su pensión.

Tras el revés parlamentario, Asjubi40 asegura que continuará reuniéndose con los grupos políticos para intentar reactivar la reforma antes del final de la legislatura. «Nos quieren aburrir, pero no lo van a conseguir», advierte Menchero. «Nuestra lucha va a seguir hasta que encontremos una solución».