La vivienda construida en 2025 apenas cubre una cuarta parte de los nuevos hogares

El acceso a la vivienda lleva varios años siendo el principal problema de los españoles, sobre todo de los mas jóvenes. Según estimaciones el Banco de España, para hacer frente a la crisis de oferta harían falta 700.000 viviendas nuevas. Sin embargo, su construcción no termina de despegar, pese a que los cifras de 2024 parecían apuntar a un cambio de rumbo.

En 2025 se finalizaron 88.254 viviendas, lo que supone un 10 % menos que en 2024, cuando se alcanzaron las 97.837. Así se desprende de los datos de Certificados de Final de Obra (CFO) –documento oficial que refleja que la construcción física de la vivienda ha terminado– publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. De ellos también se desprende que el pasado año fue el primero desde 2014 en el que los CFO han caído en todos los trimestres.

En términos totales es el cuarto mejor dato desde 2012, pero se trata de una cifra ínfima si se tiene en cuenta la crisis de vivienda que asola en la actualidad a nuestro país. Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cada año se crean de media 350.000 nuevos hogares. Por lo que las viviendas nuevas construidas en 2025 tan solo cubren un cuarto de las nuevas familias.

Si se observan las viviendas iniciadas, la situación cambia: han pasado de 112.220 inmuebles a 121.827, lo que supone un 8,56 % más, aunque tardar en construirse entre dos y tres años. Además, sigue sin ser una cifra suficiente para satisfacer toda la demanda.

La escasez de suelo en las grandes ciudades y su elevado precio son dos de los aspectos que impiden el despegue de la oferta de obra nueva. Aunque existen 255 millones de metros cuadrados de suelo edificable, según estimaciones del CBRE, para construir al menos 1,8 millones de viviendas en los próximos 30 años en el país, el incremento de su precio dificultan poner en marcha estos proyectos.

En este sentido, tal y como se refleja en el informe Mercado inmobiliario en España elaborado por Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, el sector promotor necesitará 25.000 millones de euros cada año durante los próximos diez años para poder duplicar la producción de vivienda en España. Para ello sería necesaria «una mejor planificación urbanística para que los promotores puedan anticipar con años de antelación sus proyecciones financieras».

A esto se le suma la inseguridad jurídica y la excesiva burocracia. Proyectos que ya de por sí se demoran entre 10 y 15 años en desarrollarse, pueden llegar a alcanzar los 20. Los plazos para la concesión de licencias llegan hasta los dos años y el promotor debe pasar por tres niveles administrativos: el municipal, el autonómico y el estatal.

¿Y las viviendas protegidas?

Todos los partidos políticos coinciden en que es necesario aumentar el ritmo de construcción de vivienda protegida. Pero, también sigue estancada. Según los datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en 2025 se completó la construcción de 11.104 viviendas protegidas, esto supone un 22,7 % menos que en 2024, cuando se alcanzaron las 14.371.

Pero es que la situación no mejora con las calificaciones provisionales, que son los proyectos que están en fase inicial y que se finalizarán en los próximos años: han pasado de 23.967 en 2024 a 15.593 en 2025, esto supone un descenso del 34,9 %.

Detrás de este desplome vuelven a estar los elevados costes de producción y la carga burocrática que están teniendo las empresas. Aunque también influye que, en los años 2010 y 2013, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero primero y Mariano Rajoy después, se acabase con las ayudas que beneficiaban a la promoción de vivienda protegida.

El socialista eliminó las subvenciones a la urbanización y compra de suelos, así como a la entrada de compraventa. También disminuyó un 40 % las subvenciones directas a VPO de alquiler, aumentó el tipo de interés en préstamos a los promotores y eliminó las subvenciones de VPO que excedían los objetos previstos. La llegada del gallego a Moncloa puso fin a las subvenciones de préstamos libres y préstamos convenidos para el desarrollo de vivienda protegida.