Decenas de extranjeros hacen cola en Barcelona en la «segunda fase» de la regularización masiva.
El Gobierno evita revelar el impacto presupuestario de la regularización masiva de extranjeros
Anuncia un plan de 505 millones para la integración de los inmigrantes regularizados
El Gobierno ha encontrado en la inmigración uno de sus grandes filones para lo que resta de legislatura. Justo el día que concluía el plazo del proceso de regularización masiva iniciado en abril, Pedro Sánchez anunció el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, que contará con una dotación inicial de 505 millones de euros en 2026. Sin embargo, el Ejecutivo sigue sin cuantificar el impacto presupuestario del plan, una ausencia que el Consejo de Estado ya calificó de «laguna llamativa» durante la tramitación del nuevo Reglamento de Extranjería.
En su informe del pasado mes de abril, el Consejo de Estado advirtió de que la memoria del análisis de impacto normativo ofrecía un amplio estudio sobre las consecuencias sociales y administrativas de la reforma, pero resultaba «sorprendente» que el impacto presupuestario siguiera siendo «objeto de estudio». Esa ausencia suponía una «laguna llamativa», concluía el órgano consultivo, dada la magnitud del proceso que iba a ponerse en marcha.
Dos meses después, el Ejecutivo ha dado a conocer la primera dotación presupuestaria del plan, pero sigue sin poner cifras al conjunto del proyecto. El documento aprobado por el Gobierno se limita a señalar que contará en 2026 con una financiación inicial superior a los 505 millones de euros, una cuantía que «será revisada anualmente conforme avance su implementación», sin detallar cuál será su coste hasta 2030.
Fuentes del Gobierno explican que el Ejecutivo ha trabajado con distintos escenarios de regularización –para 500.000, 750.000 y hasta un millón de personas– y que los recursos necesarios ya han sido analizados. No obstante, añaden que será una vez concluya el proceso cuando concrete el detalle económico de la medida.
El plan coincide con el cierre de la regularización masiva iniciada en abril. Según los últimos datos facilitados por el Ejecutivo, se han registrado entre 1,2 y 1,3 millones de solicitudes, muy por encima de las previsiones iniciales del Gobierno, que estimaba unas 500.000 peticiones.
El documento de claves económicas publicado por el Ministerio en abril defendía que la regularización tendría un impacto positivo sobre la economía y las cuentas públicas. Según el Ejecutivo, la mayoría de los potenciales beneficiarios ya reside en España y utiliza los servicios públicos, por lo que la regularización no incrementaría significativamente la demanda de sanidad o educación, mientras que sí aumentaría la recaudación mediante cotizaciones e impuestos, aunque no cuantificaba el gasto que supondría la medida.
El informe también citaba estudios sobre la regularización de 2005 según los cuales cada persona regularizada generó más de 4.400 euros anuales en concepto de IRPF y cotizaciones sociales. BBVA Research, no obstante, reduce la estimación del impacto a alrededor de 0,5 puntos porcentuales sobre el PIB y la inflación en los próximos trimestres, y no descarta incluso que el efecto sea nulo, ya que muchos de estos trabajadores ya estaban activos, aunque fuera del sistema. Eso sí, de su impacto en las cuentas públicas, el documento no hacía ninguna referencia.
Reforzar los servicios públicos
Lo que resulta claro es que la regularización va a tener un impacto directo en servicios públicos clave como la educación, la sanidad o el acceso a la vivienda. De hecho, el 40 % –unos 200 millones de euros– de la dotación para 2026 irá destinada al refuerzo de estos servicios públicos, a los que se suman inversiones en formación profesional, políticas de empleo, aprendizaje del idioma y programas de acogida e integración.
El Gobierno sostiene que la partida no busca redimensionar los servicios públicos, sino responder a los desafíos derivados del proceso de integración, aunque serán las comunidades autónomas las que deberán asumir buena parte de su gestión en ámbitos como la sanidad, la educación o la vivienda.
Para coordinar el desarrollo del plan, el Gobierno creará una comisión interministerial presidida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que será la encargada de concretar el reparto de las partidas presupuestarias y supervisar la ejecución de las medidas previstas.
