Rebelión entre los administrativos de Correos por las restricciones de Saura al teletrabajo

Rebelión abierta en las oficinas centrales de Correos. El personal técnico-administrativo de la compañía pública ha plantado cara formalmente a la dirección tras el intento de imponer una drástica y unilateral reducción del modelo de teletrabajo, si bien hay que destacar que buena parte de ellos estaban prejubilados anticipadamente. Desde las organizaciones sindicales, la medida se califica abiertamente como una «rabieta» y un «enfado infantil» por parte del presidente de Correos, Pedro Saura, a quien acusan de basar sus decisiones en un prejuicio que confunde el «teletrabajo» con «no trabajar», pero frente a ello hay que decir también que quienes estaban prejubilados gozaban de una buena posición.

La indignación de la plantilla ya se ha traducido en un calendario de movilizaciones inmediatas. Los trabajadores han convocado una serie de concentraciones bajo el lema de «pitada monumental» que paralizarán las entradas de las sedes centrales durante las próximas dos semanas, concretamente los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de julio.

El Sindicato Libre de Madrid ha formalizado un durísimo Escrito de Alegaciones e Impugnación contra la nueva Instrucción sobre registro de jornada y trabajo a distancia del personal de estructura y técnico. Los representantes legales afirman que la empresa está utilizando un mero procedimiento local de traslado físico de personal a la sede de Conde de Peñalver para colar «por la puerta de atrás» un nuevo y restrictivo régimen jurídico laboral que vacía de contenido la negociación colectiva a nivel estatal.

La dirección hablaba de sistema «eficiente y responsable»

Los trabajadores recuerdan que el sistema de trabajo híbrido no es una anomalía provisional de la pandemia. Entre 2021 y 2023, la propia dirección de Correos emitió múltiples comunicaciones corporativas oficiales donde ensalzaba el modelo, acuñando el lema Hacia la consolidación del teletrabajo y definiéndolo como un sistema «eficiente, sostenible y responsable». Incluso la nueva sede central fue diseñada físicamente bajo una lógica de puestos flexibles, rotatorios y «trabajo remoto preferente».

«Resulta jurídicamente inaceptable y carente de toda lógica organizativa que, tras seis años de funcionamiento exitoso, la empresa pretenda borrar este derecho alegando supuestas necesidades de presencialidad sin aportar un solo informe técnico ni estudios de productividad que lo justifiquen», señalan desde la representación sindical. «Obligar a la plantilla a volver al modelo analógico responde únicamente a una visión retrógrada del control empresarial», han dicho.

Opacidad y falta de seguridad

La impugnación presentada denuncia un «apagón informativo» por parte de Correos. Los sindicatos acusan a la dirección de obligarles a «negociar a ciegas» al ocultar memorias técnicas, análisis de impacto sobre la conciliación familiar y evaluaciones de igualdad de género.

Lo que es más grave, la representación de los trabajadores advierte de que no existen garantías de seguridad de cara a la mayor presencialidad exigida. La empresa ha iniciado el proceso sin aportar los planes de autoprotección, las evaluaciones de riesgos laborales de los nuevos espacios ni los informes de aforo y evacuación de incendios obligatorios por ley.

Vía judicial e Inspección de Trabajo

En opinión de los convocantes, el conflicto amenaza con colapsar los juzgados de lo Social si Pedro Saura no da marcha atrás ante el calendario de protestas que arranca el próximo 7 de julio. En el escrito registrado, se exige a la empresa la retirada inmediata de la Instrucción, la suspensión de cualquier traslado forzoso y la devolución de estas materias a la Mesa Estatal de Negociación, tal y como se pactó en el Acuerdo Marco de diciembre de 2024.

Los sindicatos ya han advertido formalmente en acta que, de persistir este «enrocamiento unilateral de la dirección», activarán de inmediato la vía del conflicto colectivo, interpondrán denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, e iniciarán acciones judiciales «por la flagrante vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva».