La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y María Jesús Montero
El pleno de imputados de Montero en la cúpula de la SEPI reabre la pugna para independizarla de Hacienda
Yolanda Díaz aprovecha el caos en el holding estatal para retomar la idea de que se convierta en una agencia al margen del ministerio
De los tres presidentes que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha tenido durante el Gobierno de Pedro Sánchez, los tres están ya imputados. Son Vicente Fernández, Bartolomé Lora –actual vicepresidente– y, desde este lunes, Belén Gualda, todos ellos nombrados por María Jesús Montero durante su etapa como vicepresidenta y ministra de Hacienda.
El holding estatal participa mayoritariamente 14 empresas, tiene una participación directa minoritaria en otras 10 e indirecta en un centenar. Entre ellas, gigantes como Indra, Redeia o Telefónica.
De ahí la relevancia de la imputación de Gualda en el denominado caso Fontanera, por decisión del juez Santiago Pedraz, por la actuación del holding en varias operaciones. Incluyendo el polémico rescate, por 113 millones de euros, de Tubos Reunidos, compañía que se declaró el pasado cinco de mayo en concurso de acreedores.
Las imputaciones se han extendido también a algunas de sus empresas participadas, como Mercasa, en la figura de su ex presidente José Ramón Sempere y la ex directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales, María Teresa Castillo. Igualmente se investiga al ex presidente de Enusa, José Vicente Berlanga, y su directora corporativa: la propia Leire Díez fue alto cargo de la antigua Empresa Nacional del Uranio, que preside el ex gerente del PSOE Mariano Moreno.
Llueve además sobre mojado: en el caso de Vicente Fernández, que dimitió tras ser imputado por el caso Aznalcóllar, sorprendió además el larguísimo período de interinidad al cual Montero mantuvo al holding estatal, durante el cual el propio Fernández se mantuvo como presidente en la sombra, como reconoció su sucesor interino, Bartolomé Lora –también imputado– en el Senado.
En este escenario, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha retomado una vieja batalla para independizar a la SEPI de la tutela de Hacienda y convertirla en una agencia pública que impulse la política industrial. Una apuesta que Díaz ya planteó en 2023, al entender que la dependencia de Hacienda suponía abocar «al fracaso» la política industrial del Estado.
La mancha de aceite deja mientras tanto tocado al holding estatal, salpicado también por algunas de las operaciones de rescate a las empresas en crisis por el coronavirus, a través del fondo Fasee, como Air Europa (caso que está detrás de la imputación de Bartolomé Lora) y Plus Ultra. Pese a ello, sin embargo logró retornar el año pasado al beneficio, con un resultado neto positivo de 130 millones de euros, frente a las pérdidas de 501 millones registradas un año antes, las mayores en toda su historia, informa José Rosado.
Las cuentas aprobadas este lunes por el consejo de administración muestran además una cifra de negocio récord de 7.384 millones, un 16 % más que el año anterior. El crecimiento se debe al aumento de la actividad en Tragsa y Navantia que, junto con Correos, concentran cerca del 90 % de la facturación del grupo.
Creada en 1995 como heredera del extinto Instituto Nacional de Industria (INI), el holding público emplea actualmente a cerca de 87.000 trabajadores y tiene también entre sus buques insignia a Correos y a Navantia.
