Barcelona concentra el 25 % del desplome de pisos en alquiler de toda España tras llevar al extremo el intervencionismo

Tres años después de que el Gobierno aprobase la Ley de Vivienda con el objetivo de promover el acceso a la vivienda, el panorama es completamente desolador. La crisis se ha agravado aún más, debilitando el alquiler residencial, provocando una destrucción de la oferta de alquiler nunca vista hasta ahora y batiendo todos los récords de precios en prácticamente todas las provincias del país.

Si en 2023 se cerró el ejercicio con un total de 813.850 viviendas en alquiler, a finales de 2025 tan solo quedaban 683.920 inmuebles. Esto es un 16 % menos de stock, según reflejan los datos del Barómetro del Alquiler del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro. Y a lo largo de 2026 la oferta seguirá disminuyendo hasta los 660.993 pisos, lo que supone una pérdida de 22.927 inmuebles.

Existe una situación muy heterogénea en el mercado español. El fracaso es mayor en las zonas en las que se ha aplicado el límite de precios, como es el caso de Cataluña. Esta fue la primera autonomía en hacerlo, en marzo de 2024, con la declaración de zona tensionada en 140 municipios catalanes, que unos meses después se ampliaron a otros 131. En total, abarca más del 90 % de la población total de la región.

La intervención sobre los precios ha descompensado el buen funcionamiento del mercado, con cada vez menos oferta de viviendas para alquilar y más presión de la demanda de los inquilinos. De hecho, una de cada cuatro viviendas que desaparecerán del mercado este año está en Barcelona.

Mientras, el número de interesados por cada vivienda que sale al mercado en un plazo de diez días sigue al alza, manteniéndose como la provincia con la cifra más alta del país, con 418 personas. Esto demuestra que el control de precios no ha frenado el interés, sino que ha reducido significativamente las opciones disponibles.

Por su parte, el País Vasco registra una previsión de caída importante a nivel autonómico, con un descenso de más del 16 % hasta los 7.298 pisos. Esta pérdida de oferta se ve reflejada principalmente en Guipúzcoa (-22,33 %) y Vizcaya (-12,99 %). El anuncio y aplicación de medidas regulatorias está provocando una retirada masiva de inmuebles del mercado residencial hacia otras modalidades, o a la venta, manteniendo precios por encima de los 1.300 euros en Vizcaya y casi 1.500 euros en Guipúzcoa.

A mediados de 2025, Navarra se sumó a esta lista mediante la declaración de 21 municipios como zona de mercado residencial tensionado. Esta declaración se ha reflejado en indicadores como la presión, con 49 interesados por inmueble y un precio medio de 1.028 euros, consolidándose como uno de los doce territorios nacionales que superan la barrera de los mil euros mensuales. Además, se prevé que la oferta caiga en más de 3.000 viviendas, lo que supone una pérdida del 14,76 %.

Por su parte, en la provincia de La Coruña (Galicia), la entrada en vigor del primer municipio tensionado ha provocado que la presión de la demanda crezca casi un 39 % hasta los 68 contactos. Por otro lado, se prevé un retroceso del 12,4 % hasta los 12.638 pisos.

Sin embargo, en las regiones donde no se ha impuesto el límite de alquileres, como es el caso de Madrid, el mercado se ha estabilizado. La Comunidad de Madrid se consolida como el territorio con mayor volumen de oferta de España, manteniéndose en torno a los 150.000 inmuebles.