Minerva, la vigilante del SEPE contra los enchufes en el reparto de los fondos europeos

El control sobre los fondos europeos ha sido una de las principales exigencias de Bruselas para blindar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia frente al fraude y los conflictos de interés. Antes de adjudicar una ayuda o un contrato financiado con cargo a estos recursos, el SEPE utiliza un sistema de Hacienda para comprobar si quien toma la decisión mantiene vínculos familiares o empresariales con quien aspira a recibir los fondos.

Se trata de Minerva, una herramienta diseñada para detectar posibles enchufes antes de repartir fondos europeos. El sistema analiza si existen vínculos familiares, empresariales o intereses económicos entre quien decide la adjudicación y quien aspira a recibir el dinero público.

Cuando Minerva detecta un posible conflicto de interés, activa una bandera roja. La alerta se comunica al funcionario afectado y a su superior jerárquico, y queda registrada formalmente. Desde ese momento, el implicado tiene dos días hábiles para apartarse del procedimiento o para defender que la advertencia es errónea. Si las explicaciones no resultan convincentes, el caso puede elevarse al Comité Antifraude del SEPE para que emita un informe, pero será el superior jerárquico del implicado quien dicte la resolución final y decida si es apartado.

El sistema también contempla las denominadas banderas negras. Estas aparecen cuando «no exista información sobre el riesgo de conflicto de interés para alguno de los licitadores o solicitantes de la ayuda por tratarse de personas jurídicas de las que no consta información sobre su titularidad real en las bases de datos de la AEAT».

Ante esta situación, el organismo puede requerir información adicional para identificar a los propietarios reales de la entidad. En determinados supuestos, especialmente cuando intervienen sociedades extranjeras, el procedimiento prevé acudir a fuentes externas para esclarecer quién se encuentra realmente detrás de la empresa.

Cuatro años de cárcel

Si durante una investigación se detectan indicios de fraude, el organismo puede ordenar la suspensión inmediata del procedimiento y paralizar los pagos vinculados a la operación afectada.

Además, establece un sistema de infracciones y sanciones bastante duro. En los casos más graves, cuando el fraude supera determinados umbrales económicos, las conductas pueden derivar en responsabilidades penales con penas máximas de prisión de al menos cuatro años. Para importes inferiores también pueden imponerse sanciones administrativas o penales en función de las circunstancias concretas.

Con independencia de la cuantía, el SEPE prevé «la recuperación de los importes indebidamente percibidos, aplicando la normativa vigente», así como la comunicación de los hechos al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y, en su caso, a la Fiscalía.

Irregularidades

La puesta en marcha de controles cada vez más sofisticados no ha evitado que la gestión de los fondos europeos haya estado rodeada de polémicas y sospechas durante todo este tiempo. Bruselas ha reclamado en reiteradas ocasiones reforzar los mecanismos de prevención del fraude y de los conflictos de interés para garantizar el correcto uso de los recursos del Plan de Recuperación.

En paralelo, la dirección general encargada de coordinar el Plan de Recuperación ha vivido varios relevos en los últimos años, algunos de ellos producidos en momentos especialmente sensibles del proceso de ejecución de los fondos.

Rocío Frutos abandonó el cargo en medio de discrepancias sobre la gestión de las ayudas y fue sustituida por Jorge Fabra, que presentó su renuncia alegando «motivos personales» justo después de tramitar la solicitud del cuarto desembolso de fondos de la UE. Su sustituta, Esperanza Teba, también dejó el cargo apenas cinco meses de asumirlo tras conocerse que su marido estaba bajo investigación.

Además, distintas investigaciones están analizando posibles irregularidades relacionadas con organismos públicos y empresas estatales. Entre ellas figuran denuncias sobre contrataciones realizadas en empresas públicas como Ineco y procedimientos de adjudicación examinados en el marco de las diligencias vinculadas a la trama Koldo y a entidades como Adif. Casos que han aumentado la presión para implantar controles cada vez más exhaustivos sobre el reparto de los fondos.