La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
El Gobierno blinda a los trabajadores que denuncien casos de corrupción en las empresas
El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros incorpora al Estatuto de los Trabajadores una protección reforzada frente a las represalias laborales previstas en la Ley del Informante
El Gobierno ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para reforzar la protección laboral de los trabajadores que denuncien casos de corrupción o infracciones normativas en sus empresas. La reforma modificará el Estatuto de los Trabajadores para declarar expresamente nulos los despidos y otras represalias adoptadas contra quienes comuniquen este tipo de irregularidades al amparo de la Ley del Informante.
Según ha informado el Ministerio de Trabajo, el objetivo es incorporar al Estatuto de los Trabajadores las garantías previstas en la Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. El Ejecutivo considera que limitar la respuesta frente a las represalias a la indemnización prevista para un despido improcedente dejaría «enormemente debilitado» el sistema de protección de estos trabajadores.
El anteproyecto establece la nulidad de los despidos cuando se produzcan como consecuencia de la presentación de una denuncia o de la revelación de información sobre posibles infracciones conforme a la citada ley. Esa protección alcanzará tanto a los despidos disciplinarios como a los despidos por causas objetivas y también a las extinciones del contrato durante el periodo de prueba.
La reforma también declara nulas las órdenes empresariales dirigidas a discriminar a estos trabajadores, así como cualquier decisión que suponga un trato desfavorable o una represalia por haber comunicado posibles irregularidades.
Protección frente a represalias
El texto aprobado por el Consejo de Ministros amplía igualmente la protección frente a otras actuaciones empresariales distintas del despido. De acuerdo con la información facilitada por Trabajo, serán nulas las decisiones que perjudiquen al trabajador como reacción a una reclamación presentada dentro de la empresa o a una actuación administrativa o judicial encaminada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.
Asimismo, el Ministerio sostiene que la reforma pretende reforzar la denominada garantía de indemnidad en el ámbito laboral para evitar que quienes comuniquen posibles infracciones puedan sufrir consecuencias negativas en su empleo como respuesta a esas actuaciones.
