El Gobierno ha ingresado ya la mitad de lo que costará desmantelar las centrales nucleares

A la espera de la decisión definitiva del Ministerio de Transición Ecológica sobre la prórroga de la vida operativa de la central nuclear de Almaraz, la recaudación para desmantelar las plantas atómicas españolas continúa engordando.

La conocida como hucha de la tasa Enresa alberga ya 9.398 millones de euros, según la compañía, 721 millones más que en el año anterior, tras ingresar 1.111 millones durante el ejercicio. Es más de la mitad de lo que, según la compañía, costará el desmantelamiento de los reactores españoles.

El denominado oficialmente Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos ha disparado la recaudación. Lo ha hecho desde que en julio de 2024 la entonces ministra de Transición Ecológica y hoy vicepresidenta de la Comisión Europea aprobara un incremento del 30 % de la tasa Enresa –prestación patrimonial de carácter público no tributario que pagan las centrales–, que es una de las principales aportaciones al fondo, pero no la única.

En 2019, Teresa Ribera ya aprobó una primera alza, del 20 %. El calendario de apagón nuclear acordado entonces fijaba que Almaraz I cerrará en noviembre de 2027 y Almaraz II, en octubre de 2028. Ascó I lo haría en octubre de 2030 y Cofrentes, en noviembre de 2030; Ascó II en septiembre de 2032; y Vandellós II y Trillo, en febrero y mayo de 2035.

A mediados de julio, no obstante, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno a la petición de los propietarios de Almaraz de alargar la vida operativa de la instalación al menos hasta 2030. Una decisión que, de ser avalada por el Ministerio de Transición Ecológica, podría revisar al alza las fechas de clausura del resto de instalaciones.

Incremento de la recaudación

Antes de 2015, el fondo albergaba algo menos de 5.000 millones, aportados primero por los consumidores y posteriormente ya por las instalaciones atómicas. En 2023 el Fondo ingresó 1.160 millones y en 2024, 936 millones. En 2019 y 2020, 595 y 664 millones, respectivamente. En 2022, 760 millones, cifra muy similar a la de 2021, cuando fue de 759 millones.

Durante estos años la hucha también ha registrado salidas, dado que ya hay instalaciones en proceso de desmantelamiento, como José Cabrera y Santa María de Garoña, lo que ha hecho que el crecimiento del saldo sea inferior al de la recaudación, aunque siempre ascendente. Dichas salidas, anotadas como aplicaciones efectuadas en el ejercicio en las cuentas de Enresa, alcanzaron los 390 millones el año pasado.

Enresa sitúa en 17.621 millones el coste de desmantelar las centrales nucleares, y eleva la factura conjunta de deshacerse de instalaciones y residuos a 20.429 millones de euros, como figura en las cuentas anuales de la sociedad, publicadas a principios de julio.

La cifra también ha crecido en los últimos años (era de 15.195 millones en 2020), empujada por la inflación, que de hecho también se refleja en las previsiones de Enresa: si el pago por desmantelar las centrales se hiciera a fecha de hoy, sería de 11.990 millones, pero la sociedad prevé alargar el período de desmantelamiento hasta 2100.

En la subida de la tasa que pagan las nucleares también ha influido la decisión del Ejecutivo de optar por un sistema de almacenamiento geológico profundo y descartar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) que iba a situarse en Villar de Cañas.

Dicho almacén geológico, inspirado en el que está ultimando Finlandia, estaría operativo en 2073. Fecha con muchos condicionales, dado que recientemente, en una entrevista con Efe, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Juan Carlos Lentijo, advertía de la necesidad de «impulsar» la búsqueda de un lugar idóneo. Hasta entonces, los residuos permanecerán en los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) habilitados en torno a los siete reactores nucleares españoles.