Madrid apenas tiene una cuarta parte de ricos que Cataluña pero su patrimonio es cuatro veces mayor

La baja fiscalidad en Madrid es una de las máximas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La bonificación del 99 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, uno de los tramos autonómicos del IRPF más bajos, la Ley Mbappé o la bonificación en el Impuesto sobre el Patrimonio han convertido a esta región en la más atractiva para contribuyentes con patrimonios elevados, incentivando su residencia fiscal en la comunidad y evitando la deslocalización hacia otros países con fiscalidad más favorable.

Hasta 2023, este último impuesto estaba bonificado al 100 %, pero la comunidad dirigida por Ayuso lo recuperó con el objetivo de hacer frente al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas aprobada por el Gobierno Central, y que así los ingresos se queden en Madrid. Y es que si existe el tributo autonómico –Patrimonio– no se paga por el estatal –Grandes Fortunas–. Eso sí, solo obliga a presentar la declaración a aquellas personas con un patrimonio superior a los 2 millones de euros.

Esta reforma ha hecho que el número de contribuyentes obligados a declarar sus bienes sea muy inferior que, en regiones, como por ejemplo Cataluña, donde solo están exentos los primeros 500.000 euros.

En concreto, según un informe publicado por la Agencia Tributaria, en 2024, en la Comunidad de Madrid 25.524 personas presentaron su declaración de bienes, frente a las 94.875 de Cataluña. Esto es cuatro veces menos. Pero, finalmente, solo 11.448 contribuyentes, tuvieron que pagar este impuesto, frente a los 92.487 de Cataluña.

Pese a que Cataluña tiene un mayor número de ricos, el patrimonio medio de estos es cuatro veces menor que el de los que residen en Madrid. En concreto, la riqueza media de las fortunas que se encuentran en la región dirigida por Ayuso es de más de 11,6 millones de euros, frente a los 2,82 millones de los catalanes.

Esto se explica por las bonificaciones. La comunidad dirigida por Salvador Illa atrajo un mayor número de fortunas, pero con un patrimonio sensiblemente inferior, ya que no les compensa fiscalmente.

Efecto de las bonificaciones en Baleares

Observando las comunidades gobernadas por el Partido Popular se puede apreciar como las grandes fortunas han aumentado su patrimonio en la mayoría de ellas, sobre todo en aquellas donde se han eximido a un gran número de contribuyentes de pagar el impuesto.

El caso más llamativo es el de las Islas Baleares. El Gobierno de Marga Prohens aumentó el mínimo exento del Impuesto de patrimonio, que estaba fijado en 700.000 euros, a los 3 millones de euros. De este modo, desde el 1 de enero de 2024, las personas con un patrimonio inferior a esa cifra –excluida la valoración de la vivienda habitual– quedó exenta de pagar este gravamen.

Esto ha hecho que el número de personas obligadas a presentar la declaración de este tributo en esta comunidad haya disminuido un 61,18 % de un año a otro, pasando de 9.256 personas en 2023 a 3.593 en 2024. A su vez, el número de contribuyentes obligados a pagar el impuesto también ha caído un 86,64 %.

Sin embargo el patrimonio medio se ha disparado un 113,2 % en ese mismo periodo. En 2023 era de más de 3,6 millones, y en 2024 fue de 7,68 millones.

¿Qué países tienen este impuesto?

Actualmente, España es el único país de la Unión Europea que tiene un Impuesto sobre el Patrimonio. Y en Europa, tan solo cuentan con él Suiza y Noruega. El resto lo han suprimido o transformado en figuras más específicas, debido a su escaso rendimiento. Francia, por ejemplo, lo sustituyó por un tributo centrado únicamente en el patrimonio inmobiliario. E Italia lo integró en gravámenes sobre activos situados en el extranjero.

De hecho, en España el impuesto apenas recauda el 0,6 % de los ingresos totales, o un 0,2 % del PIB. Además, pese a que España es el país con la menor renta per cápita y el menor desarrollo económico de los tres que aún ostentan este tributo, es el que, con diferencia, tiene el mayor gravamen sobre el patrimonio, de hasta el 3,5 %, que es superior al rendimiento obtenido por los activos gravados. Por este motivo, para muchos contribuyentes, el impuesto tiene carácter confiscatorio.

Incluso el comité de expertos al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le encargó la elaboración del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria recomendó la reducción del tipo impositivo máximo del actual 3,5 % al 1 % y la elevación del mínimo exento a un millón de euros. Sin embargo, el gobierno central no solo no rebajó el tipo impositivo, sino que aprobó un nuevo impuesto estatal.