Zona residencial de Madrid
Bruselas dificulta las viviendas no residenciales mientras España se obceca con las primeras viviendas
La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler Residencial (Asval) denuncia que «el régimen español de zonas tensionadas no cumple» esta propuesta de normativa europea
La Comisión Europea, en voz de la comisaria europea de Competencia, la española Teresa Ribera, se ha propuesto aumentar el mercado de vivienda para reducir su precio a través de dificultar la adquisición de segundas residencias o de utilizarlas para el turismo de corta duración.
Las medidas presentadas este miércoles contravienen la normativa española cuya ministra, Isabel Rodríguez, se empeña en dificultar la adquisición de nuevas viviendas en las zonas tensionadas, aunque sean para uso residencial de primera vivienda.
De hecho, la normativa europea propuesta por Ribera plantea restringir solo dos tipos de actividad: el alquiler turístico y la adquisición o el uso de vivienda no destinada a residencia habitual.
Y establece que la 'zona bajo tensión de vivienda' solo podrá declararse si el precio medio de una vivienda equivale al menos a ocho veces a la renta disponible per cápita en la zona, si esa proporción aumentó en la última década y si no se prevé que la tensión se alivie en los siguientes tres años.
Estas medidas europeas, que permiten respaldar las restricciones que se establezcan en la legislación nacional o regional, que son quienes tienen la competencia sobre vivienda, ponen en un brete al Ministerio de Isabel Rodríguez.
La normativa española ha apostado por acotar el precio de los alquileres en general, aunque sean destinados a residencia habitual o alquileres de larga duración.
«España no cumple»
De ahí que la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler Residencial (Asval) denuncie que se trata de una normativa que «el régimen español de zonas tensionadas no cumple», concretamente en los requisitos que se refieren a «la evidencia acumulativa, nexo causal demostrado, análisis de alternativas, régimen transitorio, publicación de la evaluación, revisión periódica y control judicial».
Por eso ha pedido a Bruselas que, en la tramitación y negociación de la nueva normativa, las garantías se extiendan a toda medida que restrinja el uso de la vivienda para el alquiler residencial y que la evaluación del Reglamento mida el efecto de la regulación de rentas sobre la oferta.
En su opinión, la propuesta de normativa europea avala lo que esta asociación ha venido reclamando desde que se aprobó la ley española en el año 2023, que «la asequibilidad se recupera ampliando la oferta con seguridad jurídica y colaboración público-privada, no limitando los precios».