Garamendi rompe con el Gobierno durante una semana por incluir a la CEOE en el registro de «lobbies»

La CEOE ha decidido romper temporalmente sus relaciones con el Gobierno después de que el Ejecutivo haya incluido a las organizaciones empresariales entre las entidades obligadas a inscribirse en el nuevo registro público de lobbies. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha anunciado este miércoles que no hablarán con el Gobierno hasta el próximo 16 de septiembre, cuando el Congreso deberá votar la convalidación de la norma.

«Hoy he transmitido a nuestras organizaciones, casi 4.500 organizaciones en la CEOE, que no vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de lobbies y nos han incluido en la ley», ha asegurado Garamendi durante su visita a Ceuta.

La decisión supone suspender durante una semana los contactos entre la principal organización empresarial española y el Ejecutivo, a la espera de comprobar si el Real Decreto-ley supera la votación del Congreso. Garamendi ha sido tajante al explicar las instrucciones trasladadas a la organización durante este periodo: «Ni nos pondremos al teléfono».

El enfrentamiento tiene su origen en el nuevo Registro de Grupos de Interés. La norma obliga a inscribirse a las organizaciones que desarrollen actividades destinadas a influir en la elaboración de políticas públicas o proyectos normativos y alcanza también a organizaciones empresariales y sindicales cuando realicen este tipo de actuaciones.

Garamendi considera, no obstante, que su papel trasciende el de un grupo de interés y reivindica la condición de las organizaciones empresariales como interlocutores sociales reconocidos por la Constitución y su participación institucional en el diálogo con el Gobierno y los sindicatos.

El artículo 7 de la Constitución establece que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales «contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios», una posición sobre la que la patronal sustenta su rechazo a recibir el mismo tratamiento que los grupos de presión. «Nosotros defendemos a las empresas con sentido de Estado», ha defendido Garamendi, que confía en que el Congreso rechace el decreto cuando sea sometido a convalidación el próximo miércoles.

Tensión con Trabajo

La disputa por el registro de lobbies llega además en un momento especialmente tenso en lo que se refiere al diálogo social. Garamendi ha reconocido que también será «difícil» alcanzar un acuerdo con los sindicatos para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y considera que las empresas carecen actualmente de un «espacio seguro» para negociar debido a la incertidumbre sobre algunas de las reformas que prepara Trabajo.

Entre ellas ha señalado la intención del Gobierno de impedir que las futuras subidas del salario mínimo interprofesional puedan ser absorbidas mediante pluses o complementos salariales. El Ejecutivo alcanzó este compromiso con los sindicatos en el último acuerdo para elevar el SMI, aunque la modificación todavía no ha sido aprobada.