España trabaja hasta agosto para Hacienda: más recaudación, más control y menos confianza fiscal

231 es el número de días que deben pasar al año para que el destinatario de nuestro salario deje de ser el Estado y empiece a ser, simbólicamente, nuestro bolsillo. Dicho de otra forma, en el año en curso, un contribuyente medio en España habría trabajado hasta el 20 de agosto solo para cubrir sus obligaciones tributarias y sus cotizaciones a la Seguridad Social.

La cifra puede parecer elevada, o no. Es difícil saberlo con precisión cuando la mayoría desconocemos cómo se cocina realmente la contabilidad de un país, aunque en tertulias y sobremesas abunden soluciones aparentemente infalibles con las que cuadrar las cuentas públicas. Lo que sí resulta más fácil de constatar –por lo baja que es la ratio de profesores y psicólogos en el sistema público, por ejemplo– es que el aumento de la recaudación no siempre se traduce en una mejora perceptible de los servicios.

En los últimos siete años, la recaudación fiscal ha aumentado un 53 %, al pasar de 212.000 millones de euros en 2019 a los 325.000 millones que pagamos hoy. Ese mismo año, el llamado Día de la Liberación Fiscal llegaba el 27 de junio, mientras que, en 2026, lo hace 53 días más tarde. Cerca de dos meses extra de trabajo que ayudan a explicar por qué la discusión fiscal es una de las conversaciones predilectas en los bares, uno de los grandes motores para acudir a las urnas o la causa de un aumento de la picaresca.

El problema no es solo pagar más. Es pagar más mientras se entiende peor qué se recibe a cambio. La subida de la recaudación tensiona la renta disponible de las familias, pero también erosiona la moral fiscal cuando el ciudadano percibe que el esfuerzo no se corresponde con un salto equivalente en cantidad y calidad de los recursos públicos. «La resistencia a pagar impuestos aumenta cuando el ciudadano experimenta ineficiencias en el gasto. No es que seamos más 'tramposos', es que el sistema español se ha centrado históricamente más en la sanción que en el incentivo», explica Ariadna Julià, directora de Operaciones y experta en contabilidad y fiscalidad de Xolo España.

El CEO de AYG Asesores, David Gil, señala una dimensión más cultural e institucional como factor impulsor de conductas irregulares: «la evidencia muestra que el cumplimiento fiscal está estrechamente vinculado a la confianza en las instituciones y a la percepción de equidad del sistema».

El socio único de la firma catalana redirige la mirada más allá del ombligo español, hacia países como Austria, Finlandia y Países Bajos (dados sus altos niveles de cumplimiento) o Dinamarca y Suecia (donde la alta confianza institucional convierte el cumplimiento voluntario en la norma y no en la excepción). «Los sistemas de control fiscal más eficientes coinciden en un mismo patrón: baja brecha de cumplimiento, administraciones tributarias digitalizadas y una cultura de pago electrónico consolidada», explica el consejero.

A este respecto, el vecino luso nos lleva la delantera en cuanto a IVA se refiere. Portugal, que en 2019 partía de una brecha de cumplimiento de este impuesto prácticamente idéntica a la española (7,9%), la redujo al 3,6% en 2023, frente al 7,6% registrado en España, según los datos comentados por Gil. La estimación rápida para 2024 tampoco mejora la posición nacional: España habría elevado su brecha hasta el 9,7%, cerca de 10.800 millones de euros no recaudados, mientras Portugal se mantendría en el 4,6%, con unos 1.250 millones en juego.

La distancia con Portugal no se explica solo por una hipotética superioridad cívica, sino por una arquitectura fiscal distinta basada en incentivos. El territorio activó en 2013 el sistema Factura, una herramienta que permite registrar y validar electrónicamente las facturas, y lo combinó con una serie de incentivos para que los particulares quisieran pedirlas.

Así lo explica la directora de Xolo, quien asegura que vinculando determinadas deducciones fiscales a la solicitud de factura, Portugal convirtió al consumidor en aliado indirecto de la Administración. Si el cliente gana algo al exigir el comprobante, el negocio pierde margen para dejar la operación en la penumbra. España, en cambio, ha avanzado sobre todo por la senda del control (SII, VeriFactu) con una lógica más vertical: hacer cada vez más difícil no declarar.

Caída de la confianza

La Agencia Tributaria ingresó 22.743 millones de euros en 2025, derivados de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario, lo que supone un 20,2% más que el ejercicio anterior. Es el dato que luce; la cantidad de dinero nuevo que entra en caja, pero la foto completa tiene bastante menos brillo.

Hacienda arrastra, en paralelo, más de 46.000 millones de euros en deuda tributaria ya liquidada. Es decir, cantidades que la Administración sabe que se le deben y ha cuantificado, pero que continúan pendientes de devolver por recursos, reclamaciones, concursos de acreedores o situaciones de insolvencia. Los últimos informes detallados, referidos a 2024, situaban el incremento de esa deuda en un 16% más que el año anterior.

La fiscalidad española ha ganado músculo recaudatorio, pero perdido legitimidad –y de forma muy intensa en la última década–, sin trabajar para que declarar sea una acción relativamente atractiva. Hoy, inmersos en una crisis de confianza hacia las instituciones, el ciudadano percibe que trabaja más días para el Estado, que el IRPF sube por inflación, que el IVA toca a más trozos de la tarta porque todo cuesta más y que las cotizaciones aumentan para sostener pensiones.